En septiembre de este año (2018), la Asamblea Nacional declaró la emergencia humanitaria compleja de la educación en Venezuela. Fundamentalmente, el sustento fáctico que nutrió los considerados en los cuales se basó el acuerdo en este sentido alcanzado por los representantes de la soberanía popular apostados en el poder legislativo, se nutrió de los indicadores aportados por quienes en la cotidianidad, con mística rayana en sana obcecación, resisten en la primera línea de batalla donde se enfrenta y padece tal emergencia: los educadores que hacen vida en los niveles que van desde el preescolar hasta el universitario.
Los descriptores en cuestión son de sobra conocidos por la opinión pública nacional: deterioro indetenible de la infraestructura existente y ninguna proyección de ampliar ésta; sueldos, salarios y pensiones que no alcanzan siquiera para mitigar el hambre; violación flagrante de la autonomía universitaria; desconocimiento envalentonado por parte del patrón de las contrataciones colectivas; becas, ayudantías y providencias estudiantiles miserables; carencia de seguridad social oportuna y efectiva; programas de alimentación reducidos a la mínima expresión; insalubridad e inseguridad de las instalaciones educativas y cientos de calamidades más. Resaltan como consecuencias dolorosas de este inmenso deterioro, la deserción y exclusión crecientes, la diáspora de profesores y estudiantes, y la imposibilidad real de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla a cabalidad; es decir, en la cantidad y calidad indispensables. Todo lo anterior, demostraciones palmarias de un Estado que, por ser indolente, de manera asaz irresponsable hace rato se desatendió de las obligaciones imprescriptibles que al respecto le imponen la Carta Magna y demás leyes y normativas relacionadas con la materia. Un Estado que, motu proprio, prefiere deformar antes que formar. Lo contrario a la noción del Estado docente.
Con esta declaratoria a la vista, la sociedad entera tiene que entender que, más allá de lo ciertamente grave y dramático que el asunto en sí mismo es, la emergencia educativa no es propiamente el problema. La verdadera tragedia va más allá, muchísimo más allá. Dicho en otros términos, el impacto de que la totalidad de la educación del país se encuentre sumida en la situación de crisis estructural que la carcome, trasciende los espacios de su particular especificidad. Lo que realmente está en riesgo al estar en emergencia la educación nacional, es el destino de la sociedad venezolana. Ello es así porque en las aulas, patios y laboratorios de las instalaciones educativas regadas a lo largo y ancho del territorio se decide el futuro de los habitantes que lo pueblan.
El hecho de que no se acometan con prontitud y resultados tangibles los procesos encaminados a revertir el cuadro descrito, en la práctica implica cerrar con cerraduras inexpugnables la única puerta por la que los venezolanos podemos transitar con éxito hacia la era del conocimiento para que, en consecuencia, cada hombre y mujer de esta tierra llegue a ser lo suficientemente instruido y competitivo y pueda aportar no un simple granito de arena, sino una montaña de trabajo y esfuerzo bien direccionado, en la tarea colectiva de evitar quedarnos como sociedad a espaldas de la orientación determinada por el momento histórico mundial. Construir una educación a la altura de las demandas del presente y del futuro inmediato, es la única fórmula para conquistar y experimentar en el día a día el incremento progresivo y sostenido de nuestros estándares de vida. En otras palabras, que Venezuela deje de ser la sociedad de las carencias que es hoy, para transformarse, sin vuelta atrás, en la sociedad de la prosperidad que debe y se merece ser.
Emergencia educativa es igual a emergencia nacional. Hay que cambiar el rumbo. No hay de otra.
@luisbutto3