Un abogado del expresidente de Ecuador Rafael Correa negó el jueves un informe sobre un supuesto pedido de asilo en Bélgica cuando el exlíder enfrenta un proceso judicial en el país andino por un caso de secuestro de un político opositor.
La agencia de noticias nacional Belga citando fuentes cercanas a la situación, informó que Correa, quien ahora vive en Bélgica con su familia después de gobernar Ecuador por una década, había solicitado asilo. El periódico Le Soir citó un informe de que había presentado el pedido en junio.
Sin embargo, el abogado de Correa en Ecuador, Caupolicán Ochoa, dijo que los reportes no eran ciertos.
“La noticia que se ha difundido no corresponde a la verdad”, dijo a Reuters.
“No hay nada sobre el asilo. Hace un momento me dijo el presidente (Correa) que no había ese pedido”, agregó.
La cancillería ecuatoriana dijo que no tenía información sobre el tema.
Correa se ha visto envuelto en una batalla legal con fiscales ecuatorianos por un caso del supuesto secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en el 2012.
El miércoles una jueza llamó a un juicio penal a Correa por el caso y ratificó una orden de prisión vigente en su contra, pero el juicio sólo podrá iniciar a menos que el exmandatario regrese al país voluntariamente o sea capturado por la policía.
La jueza ordenó además que se congelen las cuentas bancarias de Correa e insistirá en el arresto internacional.
Correa ha dicho que el proceso es una persecución política del actual gobierno para evitar su participación en la vida política del país.
“Con esto me quieren mantener en el destierro varios años. A nivel internacional no podrán sostenerlo”, escribió Correa en su cuenta de Twitter al referirse a la resolución de la jueza.
El socialista Correa ganó prominencia internacional cuando Ecuador otorgó asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien pasó los últimos seis años viviendo en la embajada del país andino en Londres después de haber sido investigado por agresión sexual en Suecia.
Bélgica se ha ganado la reputación de ser renuente a las personas extraditadas que alegan motivos políticos detrás de su procesamiento.
Reuters