La Policía de Nicaragua anunció hoy la captura de cuatro personas que participaron en protestas contra el presidente Daniel Ortega, a las que acusó de cometer torturas, entre otros delitos.
Los capturados fueron identificados como Einer José López Espinoza, Steven José Espinoza Marín, María Quijano Portocarrero y Carlos Alberto García Suárez, todos nicaragüenses, informó la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a través de medios del Gobierno.
Según la información oficial, López y Espinoza lideraban un tranque (bloqueo) en un barrio del este de Managua, durante una de las etapas más fuertes de la protesta, en junio pasado.
López y Espinoza son señalados de cometer robos, torturas y lesiones.
Quijano y García fueron señalados por la DAJ por participar en las protestas del departamento (provincia) de Carazo, en la zona Pacífico, que los acusa de secuestro, tortura, asaltos, lesiones y tenencia ilegal de armas.
Organizaciones humanitarias han expresado que las personas que participaron en protestas contra Ortega, incluyendo los bloqueos, son en realidad “presos políticos”, de los que, aseguran, hay entre 552 y 558 en las cárceles de Nicaragua.
El Gobierno ha informado de 237 reos, a los que trata como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
Organizaciones humanitarias locales y extranjeras también han señalado que entre 325 y 535 personas han muerto como producto de la “represión” del Gobierno, que reconoce 199 víctimas mortales.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
El presidente Ortega no acepta la responsabilidad e insiste en que enfrentó un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
EFE