La Mesa Social de Caracas introdujo ante la Asamblea Nacional (AN) una solicitud de reforma a 21 artículos de la Ley orgánica de los consejos comunales, que en su artículo 3 señala que estas instancias “están llamadas a fabricar la sociedad socialista que ellos (el gobierno) se proponen y que serán la base sociopolítica de un nuevo modelo de sociedad que no ha sido consultado con nadie”.
El coordinador general de esta organización, Benito Urrea explicó que el petitorio se hizo ante la Comisión permanente de desarrollo social integral de la AN luego de un largo debate de la Mesa Social de Caracas con diversas personalidades y distintas comunidades organizadas de la capital, ante la propuesta DE Nicolás Maduro de darle a las leyes del Poder Popular rango constitucional,
Advirtió que tal como lo establece el artículo 4, en el estado comunal o en la sociedad socialista, el modelo de propiedad es la propiedad social, por lo que en su opinión, queda claro el modelo de sociedad que se pretende instaurar a través de la Asamblea nacional constituyente, “es el mismo modelo de sociedad que se estableció sobre montañas de cadáveres detrás de la cortina de hierro en los países de la antigua Unión Soviética, detrás del muro de Berlín, Corea del Norte, Vietnam del Norte, China y Cuba, eliminando el concepto de propiedad privada”.
Sugieren también cambiar el artículo 18 referido a que para que el consejo comunal pueda obtener su figura jurídica y ser legalizado, tiene que compartir los objetivos y las líneas de la presente ley, es decir, tiene que participar en la construcción de la sociedad socialista y constituir la base sociopolítica del nuevo modelo de sociedad. “Esto es una aberración porque tal como nos han explicado los líderes comunitarios, en la constitución de los consejos comunales, a las personas que van a aspirar a ser voceros, se les exige ser militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV”.
Destacó que esta acción viola los derechos a la organización, el derecho al libre pensamiento y el derecho al sufragio universal directo y secreto, además del derecho a elegir y ser electo, así como también el derecho a la protesta y a la huelga, por lo que, a su juicio, “es un método excluyente que crea inequidades, desigualdades e injusticias en el ejercicio de la democracia en las comunidades”.
Guerra ficticia
Para los integrantes de la Mesa Social de Caracas, el artículo 25 que establece la coordinación que debe haber entre los consejos comunales y la milicia también debe ser modificado porque se pretende desde su punto de vista, preparar a las comunidades “para una guerra que nadie sabe si vendrá y lo que es peor, es que de acuerdo a algunas disposiciones planteadas por voceros del propio gobierno, la supuesta defensa de la nación involucra el sapeo, el espionaje y la persecución en contra de dirigentes comunales que piensan diferente a como lo hace el régimen”.
En cuanto a la constitución de la comuna, instancia que, a su juicio, solo ha servido como una acción de ocupación del territorio venezolano, “se trata de un acto clandestino por debajo de cuerdas y a espaldas del país que adversa el modelo comunista de gobierno”.
Aseguró que desde la Mesa Social de Caracas buscan corregir esta ley por el rescate de la autonomía municipal y para llevarla, “al redil de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así ubicarla dentro del estado democrático y social de derecho y de justicia para la práctica cotidiana en las comunidades de la participación protagónica del pueblo, tal como reza el propio texto constitucional”.
Nota de prensa.