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Tres semanas después de su arresto por sorpresa en Tokio, Carlos Ghosn fue inculpado por disimular sus ingresos durante cinco años y continuará de momento en detención provisional.
La fiscalía decidió inculpar al presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors por no haber declarado a las autoridades bursátiles cerca de 5.000 millones de yenes (unos 38 millones de euros) de ingresos durante un periodo de cinco años, entre 2010 y 2015.
Su mano derecha, Greg Kelly, detenido al mismo tiempo que él, también fue inculpado.
La compañía Nissan también está inculpada por haber entregado los informes sobre los ingresos a las autoridades bursátiles.
Ghosn seguirá de momento en prisión. Su detención provisional fue prorrogada para investigar otras presunta disimulación de ingresos, en este caso entre 2015 y 2018, por un total de 4.000 millones de yenes. La custodia puede durar hasta 22 días a partir de este lunes.
Carlos Ghosn, de 64 años, llegó a Japón el 19 de noviembre en su jet privado. Pero a su salida fue detenido por los investigadores de la fiscalía por presunta malversación y fue llevado a un centro de detención del norte de Tokio.
Unos días más tarde fue despedido de la presidencia de los consejos de administración de Nissan y Mitsubishi Motors.
La fiscalía le está también investigando por usar ilícitamente residencias de lujo pagadas por la compañía.
Nissan anunció por su parte que apelará una decisión de un tribunal de Brasil que autorizó a representantes de Ghosn el acceso a un apartamento en Rio de Janeiro, con el objetivo de “evitar la destrucción de posibles pruebas”.
El caso está rodeado de incógnitas porque la fiscalía comunica muy poco y la defensa de Ghosn, liderada por Motonari Ohtsuru, todavía no habló en público.
Según la prensa japonesa Ghosn niega los hechos. “Tiene una mentalidad fuerte y combativa”, indican desde la sede de Renault, cerca de París.
El directivo franco-líbano-brasileño dice estar bien tratado, recibe visitas del embajador de Francia y de Líbano y del cónsul de Brasil y pasa el tiempo leyendo libros y revistas entre los interrogatorios de los fiscales.
Según el periódico Asahi Shimbun, durante los interrogatorios, que se hacen en inglés y se graban, Ghosn reconoció haber firmado documentos que mencionan los pagos que habría recibido pero asegura que esos montos no era definitivos y por eso no estaban en los documentos públicos de Nissan.
Según una fuente cercana a las investigaciones, el sistema de presunta malversación habría empezado tras la entrada en vigor de una ley que obliga a los administradores mejor pagados de una empresa a hacer públicas sus remuneraciones.
El objetivo de Ghosn habría sido evitar las críticas de los accionistas y los empleados.
Sea cual sea el resultado judicial, el caso afectará a la alianza Renault-Nissan, nacida en 1999, y que en 2016, con la llegada de Mitsubishi Motors, se convirtió en el primer grupo mundial del automóvil.
En Nissan, el despido de Ghosn ha desatado las críticas. “El señor Ghosn y el Estado francés [accionista de Renault] son el diablo”, asegura un analista del sector, Takaki Nakanishi, y pide que la crisis sea una oportunidad para “rejaponizar” la compañía.
En Renault, que tiene el 43% de Nissan y del que Ghosn sigue siendo consejero delegado, hay “estupor” y el dirigente ha recibido mensajes de apoyo, indica la compañía. El constructor francés lamenta no haber recibido todos los documentos del caso por parte de Nissan.
En Líbano el arresto del magnate, símbolo del éxito de la diáspora libanesa, también ha caído como un jarro de agua fría. “El fénix libanés no será quemado por el sol japonés”, dijo el ministro del Interior, Nohad Machnouk.
AFP