De la deriva dictatorial de Venezuela y Nicaragua nuestros pueblos tienen una gran cuota de responsabilidad, eso nadie lo niega, por elegir y perpetuar con su voto a quienes no tenían otra intención que acabar con la democracia. Pero si de responsabilidades se trata, necesario es recordar que lo que hoy vivimos no hubiese sido posible sin la red de complicidad y silencio que se tejió alrededor de los regímenes chavista y orteguista en gran parte de la región. Aunque esa no siga siendo la realidad en la actualidad, no queda duda que el accionar de las instituciones internacionales sigue sin ofrecer respuestas eficaces para impedir que escenarios de reprensión y violación de los DDHH se reproduzcan en Latinoamérica. El ejemplo más claro es precisamente Nicaragua.
Lo que vive el pueblo nicaragüense no es más que la consecuencia de años de inacción frente a la crisis venezolana. En nuestro país llevamos dos décadas de violación sistemática de los derechos más fundamentales del ser humano y no fue hasta la llegada de gobiernos democráticos a la región y el rol protagónico del secretario, Luis Almagro, al frente de la Organización de Estados Americanos que las primeras manifestaciones de condena directa se produjeron. Condenas, sin embargo, que no parecieran ser suficientes frente a un régimen sin ningún tipo de escrúpulo y que avanza con la fuerza destructiva que impulsa su proyecto saqueador y asesino.
La imposibilidad de las instituciones multilaterales de poner un freno a la dictadura venezolana envía un mensaje a sus pares: es posible violar los DDHH, matar y hundir a tu pueblo en la más profunda miseria sin ningún tipo de consecuencia, al menos inmediata. Y como para los dictadores cada minuto cuenta, son muchas las vidas que se pierden esperando los tiempos de la comunidad internacional, que entendemos son largos, pero frente a ellos otras opciones deben abrirse. Es inaceptable que la acción protagónica del secretario Almagro siga siendo boicoteada por la posición del Caribe, que lejos de importarle una Venezuela próspera y en libertad parecieran apostarle a un país en caos incapaz de defender no solo sus intereses internos, sino externos. Por eso no cuesta entender cómo cuando se trata de hacer frente al régimen chavista respecto al territorio en reclamación del Esequibo, la CARICOM cierra filas con Guayana, pero cuando se trata de defender la democracia en Venezuela cierran filas con la dictadura. Una posición anti venezolana desde todo punto de vista que se aleja de toda posición pragmática y debe ser tildada también de criminal.
El invaluable trabajo del Grupo de Lima, con Perú como líder, es una respuesta a este intento de paralizar las acciones contra la dictadura venezolana. Pero es una iniciativa que debe ampliarse y traducirse en políticas y medidas comunes, que le hagan sentir a los verdugos del pueblo venezolano y nicaragüense que la región es otra y que no está dispuesta aceptar más muertes, más desplazados, más sufrimiento. Si Latinoamérica unidad logra enviar un mensaje contundente a quienes esperan conseguir impunidad e imponer una “normalidad” que no existe, no solo estará salvando millones de vidas, sino evitando que un nuevo autócrata siquiera piense en la idea de mantenerse en el poder sobre la sangre de su pueblo ¡Es la hora de actuar!
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