Termina el 2018 con nuestro querido país convertido en una piltrafa, de lo que fue por décadas la nación más próspera de Latinoamérica.
Los responsables son Nicolás Maduro y su oligarquía roja que ha saqueado criminalmente al país y desmantelado el Estado. Son criminales de destrucción nacional, de delitos de lesa humanidad. Practican la persecución y la discriminación por motivos políticos, el desplazamiento forzoso de familias, la tortura, la censura y el bloqueo de medios de información, el desconocimiento de la Constitución Nacional y de instituciones legítimas como la Asamblea Nacional, el fraude electoral, el robo descarado de dineros públicos, razzias policiales de exterminio, el secuestro, la destrucción ambiental, el uso de falsos positivos, la criminalización de la disidencia, la negación de las crisis de salud y de abastecimiento.
El debilitamiento y desmantelamiento del Estado trajo la somalización del país. En vastas zonas del territorio el control social y territorial lo ejercen bandas criminales, que se lucran del narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la extorsión, los mercados negros de alimentos y medicinas y de la minería ilegal. La anarquía es también un proceso en expansión, urbana y rural. El Arco Minero, el Estado Sucre, el occidente de nuestra Guajira, el codo andino, el sur del Estado Apure y del Lago de Maracaibo, partes del Estado Guárico, Miranda y Aragua están somalizadas.
Venezuela terminó el 2018 como el país más violento del continente americano, con 23.047 muertes violentas para una espeluznante tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, en cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).
En noviembre la mundialmente reconocida ONG Human Rights Watch (HRW) presentó un informe alertando que Venezuela vive una crisis sanitaria “devastadora” por el colapso de su sistema público de salud y criticando la reacción del régimen de Nicolás Maduro al negar la situación y no afrontarla “urgentemente”.
Ver también La emergencia compleja que sufre Venezuela y la actuación de la Organización Panamericana de la Salud
En septiembre HRW, en otro informe, denuncia que la agudización de la crisis venezolana ha propiciado el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina y pidiendo a los gobiernos de las Américas definir una respuesta colectiva y uniforme urgente al éxodo de personas que huyen de Venezuela. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) más 2,3 millones de venezolanos, de una población total estimada de 32 millones, se han ido del país desde 2014, sin embargo esas cifras no reflejan la totalidad de los que han abandonado el país, que algunas organizaciones tasan en 3,5 millones.
También en septiembre los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Canadá enviaron una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que piden que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. La solicitud para la investigación en La Haya estuvo acompañada de dos informes. Uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. Y el otro es un informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que concluyó que existe un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos Nicolás Maduro, y miembros de la Fuerza Armada, supuestamente han cometido crímenes de lesa humanidad y, por tanto, deben ser denunciados ante la Corte Penal Internacional.
La corrupción ha copado todos los estratos del régimen y se ha expandido en la sociedad. “En Venezuela rige un sistema de gobierno con rasgos propios del modelo cleptocrático, que se enfoca en el enriquecimiento de los directivos de empresas estatales que no rinden cuentas y permanecen en la impunidad, dijo en un informe de 1.300 páginas la ONG Transparencia Venezuela. La investigación de Transparencia relata entre otras cosas entre 1999 y 2014 se destinaron 37.691 millones de dólares a 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones y “se descubrió un sobreprecio de 23.033 millones de dólares”.
El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las empresas propiedad del Estado a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.
El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, declaró el 15 de agostos que “hay suficientes pruebas para establecer la culpabilidad” de Nicolás Maduro en los delitos de “corrupción y legitimación de capitales” y lo condenó a 18 años y tres meses de reclusión en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda. Los miembros del TSJ nombrados por la Asamblea Nacional actúan desde el exilio por la presecuicón política del régimen de Maduro. El TSJ en Bogotá culminó el juicio promovido por la fiscal general, ilegalmente destituída y también en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas con las que vinculó a Maduro con corrupcion a la empresa constructora Odebrecht en Venezuela. Además, el tribunal le impuso a Maduro una multa de 25 millones de dólares por corrupción propia y a resarcir al Estado 35.000 millones de dólares por legitimación de capitales, así como una inhabilitación política por el tiempo de la pena. El desmantelamiento de las instituciones ha permitido que esa sentencia quedara en saco roto.
Venezuela se ubicó en 2017 como el país con la menor puntuación de América en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, lo que la ubica como el país más corrupto del continente. El índice analiza la corrupción del sector público y califica 189 países basándose en 13 evaluaciones de expertos, y utiliza una escala en la que 0 es altamente corrupto y 100 es muy transparente. El país está en la posición 169 del ranking general que evalúa a 178 países. Respecto al ranking del año 2016, Venezuela en 2017 cayó tres posiciones, quedando entre los 12 países más corruptos del planeta.
La corrupción y el desmantelamiento institucional la permitido al régimen de Maduro propiciar un ecocidio de enormes dimensiones. Al respecto la ONG SOS Orinoco envió a la Unesco y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) un muy completo reporte “Situación Actual de la Minería Aurífera en el PN Canaima: Sitio de Patrimonio Mundial en Venezuela” en el que se lee “Como se podrá apreciar en algún punto de este reporte, la minería aurífera es una actividad imbuida dentro de una gran trama de delincuencia organizada que llega a todos los niveles del poder político venezolano actual, por lo que es necesario proteger la identidad de los investigadores y testigos. A lo largo de la investigación se hizo patente que la minería no es el único impacto humano relevante que se encuentra desatado, y que otros usos no regulados están teniendo también impactos severos. No entramos a evaluarlos, pero es necesario hacerlo con urgencia por cuanto están contribuyendo significativamente a deteriorar los valores patrimoniales del Parque Nacional Canaima como Sitio de Patrimonio Mundial”.
Hace un año, Alberto Blanco Dávila, director y editor en jefe del Grupo Explora, indicó que el ‘ecocidio’ del Arco Minero del Orinoco es “el proyecto más devastador de todo continente, esto es un área de más de 111.000 Km2 , lo que representa el 12% del territorio nacional”
También el “mercadocidio”
El mercado es un maravilloso mecanismo, a medio camino entre “el instinto y la razón” que el ser humano ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de miles de años, en millones de interacciones mutuas y que en los últimos tres siglos nos ha permitido alcanzar un nivel de bienestar, riqueza y prosperidad que nuestros antepasados no hubieran soñado. Hoy la mayoría de habitantes del planeta son primera vez en la historia clase media y alta mas que pobres.
Mientras tanto, la fatal arrogancia y mala intención del bautizado “socialismo del siglo XXI” que practica el régimen de Nicolás Maduro ha provocado que en uno de los países más ricos en recursos naturales del planeta escasee de todo, desde bienes de primera necesidad hasta el optimismo. Han arremetido contra los mecanismos del mercado, destruyendo las miles de interacciones voluntarias que cada día se daban en ese proceso de abastecer y abastecernos y de creación de bienestar y prosperidad.
Entendamos “mercadocidio” como la destrucción de las estructuras de producción y de comercio de bienes y servicios. Eso es entonces lo que el régimen de Maduro ha hecho en Venezuela. Intervino el sistema de precios de los mercados, regulándolos caprichosamente, abatiendo la oferta y deprimiendo el consumo. Respecto a los precios, el Nóbel en Economía, Friedrich August von Hayek afirmaba “El sistema de precios es un instrumento registrador que automáticamente recoge todos los efectos relevantes de las acciones individuales. Sus indicaciones son la resultante de todas estas decisiones individuales y, al mismo tiempo, su guía”. Nos dejó ciegos y vulnerables.
Pero también destruyó los derechos de propiedad y el imperio de la ley, mediante confiscaciones ilegales y la cooptación del Poder Judicial que hace reinterpretaciones caprichosas y sesgadas de la Constitución Nacional. Las inversiones huyeron del país.
El régimen de Maduro ha llevado al país a su peor situación desde que existe como nación.
La economía completará en 2018 (-18%) cinco años consecutivos de contracción: 2014 -3,9%; 2015 -6,2%; 2016 -16,5%; 2017 -14,0% y 2018 -18,0% según datos del Fondo Monetario Internacional. Contracción que ya no es reducción, sino destrucción neta de la capacidad de producir bienes y servicios en el país. Más de tres generaciones de emprendimientos de venezolanos destruídas.
El reciente Informe de Competitividad Global 2018 del Foro Económico Mundial presenta a Venezuela en la posición 127 de 140 países, bajando 10 posiciones con respecto a 2017 –la caída más fuerte entre la lista de países participantes.
Como un drogadicto, el régimen monetiza un descomunal défict fiscal (que algunos economistas señalan en el orden del 25% del PIB) de un estado enorme, mórbido y ineficiente causando una hiperinflación, la más dañina en la historia de Latinoamérica, que supera el 1.000.000% y que el FMI estima que superá el 4.000.000% en 2019. La inflación es un impuesto que cobra el gobierno, saqueando el bolsillo de los venezolanos y que arruina a las familias.
Venezuela es hoy uno de los tres países más pobres del continente con un PIB per cápita de apenas 3.300 dólares, un retroceso de 60 años.
Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2018) presentados en la Ucab el 30 de noviembre, reveló que 94% de los encuestados aseguró que sus ingresos son insuficientes para cubrir los costos de vida, que los ubica en una situación de dramática vulnerabilidad. Con ello el régimen pretende aumentar su control social sobre la población con los programas conocidos como misiones. La encuesta Encovi 2018 halló que 63% de la población es beneficiaria de alguna de las misiones que ofrece el gobierno, un aumento de 20% versus el año anterior. Destaca la de racionamiento de productos subsidiados (12 productos) conocida como Clap. En la muestra de la encuesta Encovi el 80% admitió que compra bolsas o cajas CLAP y en el 90% de los hogares a los que llega la bolsa o caja hay algún miembro con el Carnet de la Patria. La destrucción de la dignidad es otra de las consecuencias del mercadocidio socialista.
El régimen de Maduro destruyó la “joya de la corona”: Pdvsa. Es una empresa arruinada y sin capacidad de recuperación. Y con ella destruyó también la Industria Petrolera Nacional. Al respecto, la Agencia Internacional de Energía dijo en un informe en octubre que “daño a largo plazo al potencial de producción de Venezuela se debe a la negligencia en el campo, la falta de capital y la experiencia que ha abandonado a Venezuela en los últimos años”. y agregó “No hay indicios en el horizonte de cambios macroeconómicos o de política que detendrían la disminución de la producción venezolana”. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, dijo en noviembre que la producción de crudo de Venezuela está en “caída libre” y que pronto podría disminuir bajo el 1 millón de barriles por día. La agencia Reuters publicó esta semana un informe especial con gráficos que retratan el notable deterioro.
Al deterioro petrolero, se suma el del Sistema Eléctrico Nacional, con constantes apagones y racionamientos, el del sistema de distribución de agua potable, con constantes cortes y apagones, el sistema de distribución de gas doméstico, el transporte público, el sistema de salud pública, en fin, la destrucción es masiva, y tendrá costos inmensos para el futuro de la nación.
Para el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga dijo en su balance del 2018 que , “deberá hacerse un censo de cuantas empresas quedan, aunque es una cifra muy dramática, de las 2.300 empresas que quedaban cerró un 15%. El volumen de la producción ha bajado increíblemente. Las empresas industriales hacen esfuerzos para poder abastecer los mercados”
La presidente de Consecomercio dijo en una entrevista en noviembre que “Nuestros anaqueles continúan con la misma cantidad y precariedad de productos que hemos pasado todo el año” y exhortó al Gobierno a desarrollar nuevas políticas económicas que permitan liberar la oferta y la demanda. “Es un Gobierno que pareciera no entender que para la economía funcione debe haber libertad cambiaria”.
En su balance de fin de año, Fedecámaras afirma que El 2018 cierra como el peor año de la historia por las malas políticas del Gobierno. “el Producto Interno Bruto cae de nuevo en más del 15%, acumulando una caída en los últimos 4 años de más del 56%. La economía se ha reducido a la mitad. Más del 50% del parque industrial venezolano que continúa operando, trabaja a menos del 20% de su capacidad operativa. El agro solo logra abastecer el 25% del consumo nacional de alimentos. Tan solo este año ha cerrado cerca de 40% de los comercios en Venezuela. El sector construcción se encuentra paralizado en 95%. Aumenta la lista de multinacionales que abandonan nuestro país”.
Para colmo, Venezuela termina el 2018 como el país más endeudado del continente americano, con una deuda externa del 159% en relación al PIB, y una deuda total que supera los 220.000 millones de dólares.
¿Y el 2019?
Son muchos los crímenes de destrucción nacional que ha cometido el régimen de Maduro. Sólo cuando la nación venezolana procese esos crímenes como delitos recobrará la paz y la senda a la prosperidad. Mientras tanto, la impunidad campea destruyendo más.
Termina el 2018 con el 85% de los venezolanos deseando que Maduro se vaya ya. El otro 15% quiere que Maduro se quede para siempre. La demolición institucional en tiranía hace que otras opciones sean irrelevantes. Usted decidirá, estimado lector, en cuál de ellas se anota.
Termina el 2018 como un “annus horribilis”. Si los dejamos el 2019 será peor. De nosotros dependerá
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial y articulista venezolano. @morandavid