La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció hoy que al menos seis presos políticos fueron presuntamente golpeados por personal del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) en una cárcel de Nicaragua por cantar el Himno Nacional la medianoche del 31 de diciembre.
“Las autoridades cometieron delito al infringir dolor o maltrato a ciudadanos internos”, dijo el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, a periodistas.
Familiares de los convictos ya habían recibido información de que un grupo de los manifestantes arrestados tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega habían sido golpeados en la cárcel La Modelo, por entonar el himno de su país para despedir el año 2018 y recibir el 2019.
Los agredidos fueron identificados como Carlos Silva, Eliseo Cruz Báez, Jairo Samuel Araúz Martínez, Julio César Espinosa Gallegos, Marlon Mora Aguilar y Raymundo Gutiérrez López.
Según los familiares, la golpiza a seis manifestantes fue una muestra de lo que les ocurriría a quienes continuaran cantando el himno de Nicaragua.
“Fueron amenazados de muerte”, confirmó la madre de uno de los presos, que prefirió el anonimato por temor a represalias.
Cuevas afirmó que en La Modelo, ubicada 23 kilómetros al noreste de Managua, los manifestantes presos sufren discriminación y malos tratos por parte de las autoridades del SPN.
Organismos humanitarios afirman que el Gobierno de Nicaragua mantiene al menos 610 manifestantes en las cárceles, a quienes consideran “presos políticos”.
El Gobierno ha informado de 340 reos, que clasifica como “terroristas”, “golpistas” o delincuentes comunes”.
Los arrestos, considerados como “secuestros” por los defensores de los derechos humanos por carecer de requisitos legales, se dan en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes “de lesa humanidad”, supuestamente para mantenerse en el poder.
Ortega no admite los señalamientos y sostiene que fue víctima de un “golpe de Estado fallido”.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
EFE