La frontera entre Colombia y Venezuela tiene 2.219 kilómetros, tres veces la que separa a España de Francia. En su geografía, que parte de la Guajira, en el extremo norte del país, y baja hasta la Amazonia, al sur oriente de Colombia, se evidencian por igual riqueza y miseria, hermandad y conflicto, desierto y biodiversidad, desarrollo y la desidia estatal, publica ABC.
Poly Martínez
Corresponsal en Bogotá
Por ahí todos pasan o han pasado: ejércitos libertadores, comunidades indígenas, criollos, blancos, misioneros, guerrilla y narcotraficantes. Una frontera viva, imposible de controlar, que el mundo conoce un poco más por cuenta de los miles de venezolanos que la han cruzado huyendo de la crisis económica, política y social que los aqueja.
Pero ni la diáspora ni la frontera es igual en todas partes. El tramo que marca el río Orinoco al sur oriente del país (1.239 kilómetros selváticos) hoy es poco conocido, pero podrá hacerse famoso en 2019 por el impacto de la crisis humanitaria en comunidades indígenas muy vulnerables y los conflictos que se incuban allí.
En esta inmensa y verde zona, que incluye los departamentos colombianos de Vichada y Guainía y los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar, se concentran indígenas venezolanos que cruzan la frontera y colombianos que retornan acosados por el hambre. También hay frentes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se han ido escurriendo por la frontera para ocupar zonas, tanto en Colombia como en Venezuela, antes bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc); y disidencias de las Farc de ahora y previas al acuerdo de paz (2016). Se suman violentas bandas criminales derivadas del paramilitarismo, minería ilegal y tráfico ilegal de todo lo que se quiera (drogas, oro, coltán, diamantes, personas, armas, gasolina y fauna). Y allí se reflejan los juegos de poder interno en Venezuela por controlar el denominado Arco Minero, área estratégica por sus recursos y cuya administración ilegal –dicen– está en manos de los pranes (líderes de las mafias carcelarias venezolanas), aunque oficialmente estas rentas han sido prometidas por Maduro a chinos, rusos y recientemente al gobierno turco, en reconocimiento a su apoyo en el escenario internacional.
Crimen sin frontera
Vista así, esta parte de frontera colombo-venezolana contiene todos los elementos para la crisis. Pero incluye uno adicional: los inmigrantes de las comunidades indígenas piapoco, sikuani y baniva, principalmente, llegan a Colombia tras el desplazamiento interno al que han sido sometidos por todos los ejércitos ilegales y por el propio gobierno venezolano.
Así lo dice claramente Liborio Guarulla, reconocido líder indígena venezolano, exgobernador del estado de Amazonas y duro contradictor del régimen de Maduro: «Durante años, las comunidades indígenas colombianas, desplazadas por la guerrilla y los paramilitares, pasaron a territorio venezolano. Pero en 2006 las Farc llegan a Venezuela, a Baroa y Atabapo, y sucede el primer desplazamiento interno. Con los años, las disidencias de esa guerrilla se volvieron una mafia dedicada al contrabando de minería y que, protegida por el gobierno de Maduro, como protege al ELN, se ha convertido en un grupo paramilitar que sigue desplazando a nuestras comunidades».
Las disidencias de las Farc no son las únicas enquistadas allí. Guerrilleros del ELN han llegado al norte del municipio Atures, limítrofe con Colombia y donde está Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, anota Guarulla, cosa que desde la orilla colombiana confirma el contralmirante Antonio José Martínez Olmos, comandante de la Fuerza Naval del Oriente y encargado de asegurar más de 5.000 kilómetros de ríos navegables de la región: «El ELN está reclutando a jóvenes y hombres indígenas del estado Amazonas, colindante con Colombia, aprovechando el hambre y la indiferencia del gobierno venezolano». A ese desplazamiento interno contribuye también la Guardia Nacional que, como el ELN, «vacuna» (cobra impuesto ilegal) a los venezolanos y colombianos que navegan por los ríos limítrofes, especialmente en la zona de San Fernando de Atabapo, además de retenerles la poca comida que producen o la que compran para sobrevivir.
La presión por la riqueza mineral, el control del narcotráfico y los insumos básicos para sobrevivir han detonado una guerra sorda en el sur de Venezuela, cosa que alimenta el tráfico de armas proveniente del interior de ese país o de puestos militares donde no hay un control efectivo. Con el recrudecimiento de la crisis venezolana, varios expertos coinciden en afirmar que allí se está armando una bomba de tiempo.
Vivir al límite
Así como ha sucedido con el pueblo yanomami en la frontera de Venezuela con Brasil, que promete ser más conflictiva con la llegada del presidente Bolsonaro, los indígenas de esta zona están muriendo por enfermedades que no conocían y por desnutrición. Álvaro Alberto Cardoso, director del hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, principal centro médico de la región, lo confirma: «Los niños indígenas venezolanos que atendemos llegan con alto grado de desnutrición y afectados por dermatitis y malaria. Los adultos, además y aunque se diga poco, afectados por VIH», producto del trabajo en zonas mineras ilegales, plagadas de explotación sexual y trata de personas. Y cuenta con angustia que el pueblo nómada amorúa se instaló en el basurero, a donde también ha sido confinado en pueblos venezolanos limítrofes tras ser desplazado de su territorio.
Liborio Guarulla sentencia: «Lo que pasa con las comunidades de Amazonas es reflejo del país: vivimos desamparados. Están de regreso enfermedades como paludismo y sarampión, que Venezuela tenía prácticamente controladas. Y hay otro mal, la diabetes, una verdadera epidemia que está diezmando las comunidades indígenas, producto del cambio de dieta». Así sobreviven, en medio del fuego cruzado derivado de los ejércitos ilegales, las enfermedades y el abuso de las autoridades locales.
A pesar de los esfuerzos, Colombia no tiene cómo hacer frente a lo que viene río arriba. Históricamente los departamentos de Vichada y Guanía, como toda la región amazónica del país, han sido relegados por el Estado y abusados por grupos ilegales de todo cuño. Según cálculos de las autoridades locales y los servicios de educación y salud, se requieren 1.500 millones de euros en 2019 para contar con la infraestructura básica que permita atender a la población venezolana que ha entrado por esta frontera en 2018 y que va a seguir llegando.