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A algunos se les ve con una cava improvisada que cuidan más que el dinero en efectivo que llevan o que su teléfono celular. A otros, abrazando un par de tubos de ensayo en medio del típico calor carabobeño que no da tregua, empujones y la lucha por un espacio dentro de un camión de estaca, “transbaranda” o perreras, o alguna de las escasas unidades de transporte público de la entidad, publica La Verdad.
Lo hacen para intentar conseguir algún laboratorio médico que tenga todas las opciones necesarias de estudios que requiere algún familiar hospitalizado y así sortear la más profunda crisis que le toca enfrentar al sector.
Se trata de una situación que en números se traduce en que solo 35 por ciento de los laboratorios en la entidad están funcionando pero a menos de la mitad de sus capacidades, de acuerdo a los datos del presidente del Colegio de Bioanalistas de Carabobo, César Sánchez.
“Solo tienen material para realizar dos o cuatro estudios y eso significa que están a media o a un cuarto de máquina”, lo que indica que el balance de 2018 fue negativo al no poder prestarse los servicio a cabalidad a los pacientes que así lo requirieron. “Por eso felicito la labor heroica de todos mis colegas que hicieron lo que estuvo en sus manos”, indicó Sánchez.
Los laboratorios de instituciones públicas como la Ciudad Hospitalaria dr. Enrique Tejera (CHET) y el Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL), no cuentan con los reactivos ni insumos para hacer pruebas básicas de bacteriología, mientras que los bancos de sangre no tienen lo necesario para las pruebas serológicas antes de las transfusiones que, en muchas ocasiones, se hacen sin ese importante protocolo, reseñó en su portal web Caraota Digita.
“Esto provoca que se tenga que ir de un lugar a otro exponiendo las muestras a que se contaminen y pagando costos muy altos, lo que deja claro que tampoco existe la gratuidad de la salud que es un derecho consagrado en la Constitución y que debe garantizar el Estado”.
Las instituciones privadas “sufren mucho”, el aumento salarial de septiembre hizo que la mayoría cerrara sus puertas. “Las estadísticas no son tan exactas porque cierran y se van y no lo anuncian, pensando que será una medida temporal”, aseveró Sánchez.
Esto afecta a los caseríos y los barrios, donde había un laboratorio pequeño, porque la comunidad sufre al quedarse sin su laboratorio, a diferencia de las ciudades grandes, donde hay más opciones, en municipios como Güigüe, Bejuma, Miranda y San Joaquín la situación es “muy crítica”.
La diáspora también se hizo sentir en el gremio de los bioanalistas. Se fueron profesionales a países como República Dominicana, Costa Rica, Perú y Dinamarca. “En algunos casos son también docentes y perdemos así a un especialista profesor y asistencial al mismo tiempo. Eso está dejando las aulas sin profesores y muchos alumnos al graduarse se van sin ejercer en nuestro país”.
La aspiración de Sánchez que este 2019 sea diferente. “Que el Gobierno aplique políticas serias para recuperar el sistema de salud, no queremos ver a familiares de pacientes con tubos de ensayo montados en camiones o autobuses”.