De nuevo estamos ante fechas críticas, determinantes, para muchos decisivas. Me refiero al 10 de enero, cuando la Asamblea Nacional deberá decidir sobre la ausencia o el vacío constitucional o de poder que se crea por la ilegitimidad que acompaña la juramentación fraudulenta ante un TSJ ilegítimo y una asamblea llamada constituyente, simplemente inexistente, de Nicolás Maduro, en base a una elección absolutamente ilegal, convocada y organizada por una asamblea política anticonstitucional que ha sido rechazada por todos, dentro y fuera del país.
Es un momento difícil. Los diputados tienen en sus manos una decisión efectivamente histórica. Debemos confiar en la capacidad de la nueva directiva de la Asamblea, especialmente de su presidente Juan Guaidó, representante de la prometedora generación del 2007, quien en su discurso del sábado dejó las cosas muy claras, sobre todo, su voluntad por lograr lo que todos esperamos: la transición hacia la democracia, con la designación de un gobierno provisional que organice, junto a los órganos y poderes que deben rehacerse, como el CNE, elecciones libres, auténticas, controladas por un ente electoral independiente y autónomo y supervisada por representantes extranjeros de gobiernos y órganos internacionales verdaderamente independientes, que generen confianza.
La salida es definitivamente electoral pues cualquier decisión que se tome sobre un nuevo gobierno en respuesta al vacío constitucional o de poder o simplemente usurpación del mismo, como lo han calificado algunos, sea por la AN o por el TSJ en el exilio, que podría tener la capacidad de hacerlo en caso de omisión de la Asamblea, será provisional y deberá abrir el espacio a elecciones libres y en términos, además, muy cortos.
El país espera un cambio. La inmensa mayoría confía en la dirigencia política que lamentablemente se ha mostrado muchas veces desunida e incapaz de enfrentar la situación y ponerse a la altura de su gravedad, pero no es el momento de criticar. Por el contrario, es el momento de construir, de acercar posiciones, de buscar el camino que nos permita salir de este infierno, un camino que debe ser seguro, que garantice que no se regresará a esta situación mas nunca.
Mientras en Caracas se busca una solución, en Washington la OEA se reúne el mismo día 10 de enero para considerar de nuevo el tema venezolano y adoptar una posición que permita solucionar la crisis en que nos ha sumergido la narco-dictadura que oprime sin compasión a los venezolanos. Esperamos alguna decisión importante del organismo regional, de su Consejo Permanente. Y así será pues una vez más, lo que pasa en Venezuela no es una cuestión de nuestra exclusiva incumbencia. Por el contrario, se trata de una cuestión de interés colectivo, sobre el cual la comunidad internacional, gobierno y organismos internacionales tienen no solo el derecho, sino el deber de intervenir y presionar para que se logre restaurar el orden, muy distinta a la ya superada doctrina Estrada que invoca equivocada y acomodaticiamente el nuevo presidente mexicano, López Obrador que favorece, contradictoriamente, la dictadura venezolana y la violación de los derechos humanos de los venezolanos.
@CarmonaBorjas