Miles de venezolanos han participado los últimos nueve días en las decenas de cabildos que se han organizado en todos los estados del país para hablar sobre una “ruta” con la que esperan sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que juró la semana pasada para gobernar hasta el año 2025.
Había transcurrido un día desde que el líder chavista tomó posesión nuevamente del cargo de jefe del Estado cuando se celebró en Caracas el primer “cabildo abierto” convocado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que no reconoce la legitimidad de Maduro al igual que buena parte de la comunidad internacional.
En medio de ese primer encuentro, al que acudieron unas 2.000 personas, el presidente del Legislativo, el opositor Juan Guaidó, pidió apoyo civil, militar y extranjero para “cesar al usurpador”, en alusión al jefe del Estado, y convocó a una movilización callejera en todo el país que se celebrará este miércoles.
Al día siguiente, un segundo cabildo estaba previsto en el estado Vargas, cercano a Caracas, y la noticia de la breve detención que sufrió Guaidó por parte del Servicio de Inteligencia (Sebin) disparó la popularidad del diputado, al que algunos sectores del antichavismo le piden que se juramente como presidente del país.
Este reclamo se basa en la supuesta ilegitimidad de Maduro para encabezar el Ejecutivo, aunque el mismo líder de la AN admite que el solo hecho de autodeclararse como jefe del Gobierno no significaría el fin del chavismo pues las instituciones, especialmente la militar, reconocen a Maduro como único mandatario.
Sin embargo, la propuesta de Guaidó y de la directiva del Parlamento de trabajar en función del “cese de la usurpación”, de crear las condiciones para un “Gobierno de transición” y una posterior convocatoria de “elecciones libres” ha resucitado el ánimo de la oposición, que terminó 2018 desunida y desmovilizada.
El formato de “cabildos abiertos” se ha replicado en decenas de municipios de todo el país, unos con más concurrencia que otros, pero todos han servido para que dirigentes sociales y políticos hablen a la colectividad sobre la necesidad de “una nueva etapa de lucha” contra la llamada revolución bolivariana.
Así lo explicó a Efe la diputada Marialbert Barrios, quien subrayó el “esfuerzo unitario” de todas las organizaciones políticas para lograr estos “encuentros de ciudadanos que les están devolviendo la esperanza a la gente porque hay una ruta”.
Barrios cree que la AN lleva la batuta en esta ocasión -al prometer amnistiar a los funcionarios que desobedezcan a Maduro y recuperar los activos ligados a corrupción venezolana en el extranjero- pero reconoce que la crisis económica nacional y la presión internacional también han ayudado a crear este momento político.
“Aspiro sea la última etapa de lucha”, agregó la legisladora.
Una esperanza similar guarda buena parte del antichavismo que se ha movilizado los últimos días y que ve en las protestas del miércoles una oportunidad para expresarse en contra el chavismo, sin que hasta la fecha haya una fórmula de convertir esas manifestaciones en un cambio de régimen.
Pese a esa incertidumbre, el hecho de que numerosos países señalen hoy a Maduro como ilegítimo, tras haber obtenido la reelección en unos comicios en los que no participó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, ha sido la pólvora para encender al antichavismo dentro y fuera de Venezuela.
Los cabildos se han celebrado en los 23 estados del país y formatos similares han sido replicados en algunas ciudades del extranjero por parte de la diáspora venezolana que se estima en unos 4 millones de emigrantes en los últimos 6 años.
Con todo, la renovada fuerza opositora deberá enfrentarse en las calles al oficialismo, que también prevé marchar en Caracas este miércoles, así como a las instituciones que han cerrado filas en torno a Nicolás Maduro.
Además, el chavismo también organizó algunas concentraciones en los últimos días para respaldar la legitimidad del presidente, que es reivindicada casi a diario por todas las instituciones públicas en actos que son difundidos por los medios de comunicación del Estado.
EFE