La amnistía planteada por la Asamblea Nacional es un asunto que despierta mucho la sensibilidad en Venezuela y fuera de ella. Es lógico. Me gustaría insistir en el tema, tomando en cuenta algunas variables que no pueden soslayarse ahora, ni nunca.
Indudablemente, el proyecto presentado pretende una finalidad política inocultable, o, más bien, varias: ganar individuos en la Fuerzas Armadas y en el llamado “chavismo disidente”; ése, no sólo constituido por quienes se encaraman en las tarimas, o en el Aula Magna, a recordar lo bueno que era el Comandante, y a expresar sus loas a la fundación de la quinta república (abucheados, por cierto, en una de las más recientes concentraciones), sino que también lo integran personeros gubernamentales de alto rango que pretenden ser despenalizados en sus penas para con los otros cohabitantes del país. La finalidad más acertada la representa la búsqueda de esquivar la violencia que se presume se desatará y se controlará, así, más profundamente, una vez concretada la caída estrepitosa del régimen “moribundo”. Ambas acciones políticas me parecen bien dirigidas. Aunque para ninguna de ellas haría falta el instrumento legal presentado.
Las Fuerzas Armadas han estado enquistadas en problemas mayores de la sociedad, difíciles de desarticular por la vía del convencimiento: negocios amplios, como el de la comida, o el narcotráfico, el oro, o cuanto mineral de utilidad se encuentre en Amazonas o Bolívar. Esto es imposible saltarlo sin error, y con ellos algunos, muchos, civiles. ¿Para qué callarlo? Ese trabajo de convencimiento político será más duro que la presentación, aprobación y el acogimiento a una ley.
Ya lo ha dicho la Asamblea Nacional: no se busca con esta ley de amnistía salvar delitos de lesa humanidad. Es ésta, justamente, la petición que hace unos días le hizo Human Rights Watch: “La Asamblea Nacional debería reformar su proyecto de ley de amnistía para asegurar que cumpla con estándares internacionales de derechos humanos”. Con lo cual se enfatiza que hemos tenido razón en los planteamientos esbozados, como lo han hecho también abogados eminentes, con ánimo absolutamente constructivo, en términos individuales y colectivos, los colegas de la APUSB: Luis Buttó, José Alberto Olivar y mi persona, desde el inicio: esa ley hay que llevarla con sumo cuidado para que no se cuelen desperfectos jurídicos que faciliten la protección de individuos indefendibles e imperdonables.
Pero tampoco es sólo eso: quienes no tienen culpa deben quedar libres sin ser amnistiados: los presos políticos. Y tampoco aquellos que carecen de culpa deben ser inculpados, perdonándolos: aquellos que no cometieron delito alguno. Militares o civiles. Al exculparlos serían inculpados por quienes no queremos echar sobre su conciencia o remachar en ella actos delincuenciales no cometidos. Esto también en protección de sus derechos humanos, constitucionales, basados en aquel principio de la presunción de la inocencia.
Queda pendiente atender la amnistía posible a aquellos casos que se encuentran en el limbo de los retardos procesales infinitos, por muchos años, incluso más de los que su posible condena les obligaría pagar; algunos inocentes que padecen el peso físico y psicológico de la inercia judicial por no tener dinero con el cual atender el pago actual de mascadas dinerarias a quienes operan con corruptelas consuetudinarias en el oscuro “poder judicial”. Parte de la limpieza cultural, social, de los Derechos Humanos y jurídica que hay que empezar, desde ya, a implementar.
Vemos positiva la intención de la Asamblea Nacional de rectificar, así como la intervención de José Miguel Vivanco, desde Human Rights Wats, como muy bien apreciamos la disposición permanente del propio organismo parlamentario por escuchar y establecer los correctivos. Bienvenida pues la ley, para quienes ameriten ser amnistiados, sin causar lesión ahora ni posterior a los que disfruten el beneficio ni a la nación venezolana en general.