Los líderes de la oposición venezolana esperaban que la oferta de amnistía para las autoridades militares, a cambio de su apoyo político, fuera imposible de rechazar, publica The New York Times.
Por y
Las fuerzas militares del país han sido un baluarte para Nicolás Maduro, incluso mientras el país se hundía cada vez más en una crisis económica y humanitaria. Los militares tienen mucho que perder si la oposición tiene éxito en su estrategia que busca expulsar al mandatario del poder porque la instauración de un nuevo gobierno podría obligarlos a rendir cuentas sobre acusaciones bien documentadas de tortura, homicidios extrajudiciales, arrestos arbitrarios y actos de corrupción.
El esfuerzo para incitar a los funcionarios militares a abandonar a Maduro es una pieza crucial del plan de la oposición para conformar un gobierno de transición, hasta que se puedan realizar unas nuevas elecciones. “No se trata de torcer los brazos, se trata de estrechar nuestras manos”, declaró el líder de la oposición, Juan Guaidó, durante un mitin el 23 de enero.
Sin embargo, algunos críticos dicen que facilitar una rápida transición a la democracia no debería anteponerse a la oportunidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de delitos graves. Los activistas de los derechos humanos y los venezolanos que han sido víctimas de abusos opinan que el proyecto de ley de amnistía propuesto por Guaidó es inmoral e ilegal.
Los expertos en leyes dicen que esta medida exoneraría de cualquier crimen a todos los funcionarios que firmen el proyecto de ley, lo cual sería una violación de la Constitución de Venezuela y de los compromisos del país con el derecho internacional.
“Las disposiciones imprecisas y vagas del proyecto de ley podrían garantizar una impunidad general a oficiales responsables por graves abusos a los derechos humanos”, declaró en un comunicado José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas en Human Rights Watch. “Cualquier amnistía que impida investigar y procesar a funcionarios públicos y militares responsables por graves violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Venezuela”.
En América Latina y en otras partes del mundo, las ofertas de amnistía han estado en el centro de varias transiciones gubernamentales de la autocracia a la democracia pues han servido para mitigar las tensiones políticas a medida que las sociedades traumatizadas empiezan a reconciliarse y a reconstruir las instituciones democráticas.
No obstante, no existe un precedente histórico para lo que intenta la oposición venezolana, afirmó Juan Méndez, experto en derecho internacional en la American University, quien fungió de 2010 a 2016 como relator especial de Estados Unidos sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Gobiernos autoritarios en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile han aprobado leyes o acuerdos de amnistía antes de renunciar al poder. En Argentina y Chile, los grupos defensores de los derechos de las víctimas y los tribunales encontraron la manera de someter a juicio a cientos de personas por delitos cometidos en la época de la dictadura, pese a las leyes de amnistía.
Sin embargo, Méndez aseguró que no podía recordar ninguna ocasión en la que la oferta viniera de aquellos que quieren tomar el control de una nación, lo cual pone en duda su eficacia.
“Los militares siempre tratan de prever hacia dónde va a soplar el viento antes de cambiarse de bando”, explicó Méndez. “En ese sentido, quizá esta sea una herramienta eficaz”.
No obstante, a menos que Guaidó asuma el control de las instituciones del país, desde un punto de vista legal la propuesta “no significa nada”, agregó Méndez.
Aunque los aliados de Guaidó han promovido la ley de amnistía de manera insistente, al grado de llegar a repartir folletos personalmente a los militares y en los puestos de policía, han sido relativamente pocos los altos funcionarios que han aceptado la oferta.
En una entrevista, Guaidó defendió la propuesta de amnistía y dijo que su objetivo era mantener la estabilidad durante el periodo de transición. Él y sus colegas legisladores nunca tuvieron la intención de permitir que quedaran impunes las violaciones graves a los derechos humanos, afirmó.
“El propósito de la amnistía es que nos posibilite gobernar en el corto plazo, para estabilizar al país con el fin de atender la emergencia humanitaria y reconstruir las instituciones que pueden preparar el terreno para una elección libre y permitirnos contener la crisis económica”, declaró.
Los legisladores venezolanos aún no han aprobado una versión final de la ley, la cual podría modificarse en los próximos días antes de una votación final. La Asamblea Nacional no ha logrado hacer cumplir las leyes que ha aprobado en los últimos años, ya que Maduro y los jueces leales a él han adoptado medidas para socavar su autoridad.
Guaidó todavía no ha expuesto una visión clara sobre cómo haría un futuro gobierno para investigar y castigar los graves abusos cometidos por el gobierno actual.
“No existen respuestas fáciles en un país que carga con veinte años de heridas profundas; hay mucho dolor”, dijo Guaidó. “Pero tenemos que encontrar la manera de sanar, ¿no?”.
A principios de este año, varios presidentes latinoamericanos instaron a la Corte Penal Internacional en La Haya para que considerara acusar a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Pero a medida que el enfrentamiento entre el mandatario y la oposición se ha intensificado en días recientes, Guaidó y su partidario extranjero más poderoso, Estados Unidos, han insinuado que la oferta de amnistía podría aplicarse al mismo Maduro si renuncia al poder y se va pronto del país.
El 31 de enero, John R. Bolton, el asesor de seguridad nacional, exhortó a Maduro a “aprovechar” la oferta de amnistía y exiliarse lo antes posible, y les deseó a él y a “sus asesores principales un retiro largo y tranquilo, en una linda playa lejos de Venezuela”.
Al día siguiente, en una entrevista de radio, Bolton planteó la posibilidad de que, si Maduro no renuncia al poder, podría acabar preso en la prisión militar de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Aunque la destitución del presidente no está garantizada en absoluto, la propuesta de amnistía —que es aplicable no solo para los militares sino para cualquiera en el país que abandone su apoyo a Maduro— ha hecho que muchos de los venezolanos que han sufrido bajo su mandato empiecen a debatir sobre cuánto estarían dispuestos a perdonar con tal de ver una transición.
En una tarde reciente, un grupo de presos políticos que ahora están en libertad compartieron sus experiencias sobre el tiempo que pasaron tras las rejas mientras comían pizza en un restaurante casi vacío en Caracas. Gregory Sanabria, de 24 años, mostró fotografías de su rostro golpeado, mientras describía una sesión de tortura particularmente atroz.
Ignacio Porras, de 48 años, lucía pálido mientras relataba las noches agonizantes que pasó colgado de un cable al que engancharon las esposas que le ataban las manos en la espalda.
Rosa Virginia González Arizmendi, de 26 años, contó cómo uno de los guardias que la vigilaban le ponía su pene frente al rostro, exigiéndole que le hiciera sexo oral, y después la golpeaba si se negaba.
“Estos fueron crímenes contra la humanidad”, exclamó González. “Son delitos que no se pueden olvidar”.
Los tres dijeron haber sido investigados por su activismo en partidos de oposición a los que el gobierno de Maduro acusó, sin prueba alguna, de participar en actos de violencia y terrorismo. Ellos apoyan la idea de una amnistía restringida a corto plazo, si esto ayuda a facilitar la transición a la democracia, pero también les gustaría que se estableciera un sistema de rendición de cuentas.
“Perdonar no significa olvidar, sino reconciliar”, dijo González durante un debate sobre el proyecto de ley. “Perdonar lo que sucedió a nivel espiritual, pero a la vez exigir y demandar la justicia debida”.
Los padres de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años que estuvo entre las decenas de manifestantes asesinados durante el mes de protestas en contra del gobierno en 2017, han acatado los llamados recientes de Guaidó de tomar las calles. Pero quedaron impactados cuando descargaron la ley de amnistía en línea y la leyeron con detenimiento.
“La ley tiene que ser más específica y otorgar protecciones a las víctimas, no a los agresores”, dijo su padre, José Gregorio Pernalete, en una entrevista en su casa, donde la habitación de su hijo permanece casi intacta.
“No puede haber impunidad”, declaró. “No puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad”.