“En cinco días han sido detenidos doce periodistas en Venezuela, nunca se había visto un pico tan fuerte y mucho menos tratándose de profesionales extranjeros”, denunció hoy la periodista venezolana Elsa Piña, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), lo que relacionó con la crisis del régimen de Nicolás Maduro.
El último informe anual sobre libertad de información de RSF, presentado hoy en Madrid, sitúa a Venezuela en la posición 143 de 180 de la clasificación mundial, seis puestos más abajo que en 2017.
En una entrevista con EFE, Piña atribuyó esta clasificación a la llamada “ley contra el odio”, aprobada en octubre de 2017, que ha propiciado el aumento de la censura informativa y el cierre de medios.
“Quién expresa una opinión en contra de la paz y la convivencia, unos principios que en teoría suenan bonitos, pero que se usan discrecionalmente, termina yendo a prisión”, explicó.
Los arrestos “masivos” de periodistas internacionales llevados a cabo en los últimos meses han puesto de manifiesto, consideró, la “grave” situación de la información y la profesión en el país sudamericano.
El caso más reciente es el de los tres informadores de EFE detenidos y luego puestos en libertad, con reconocimiento del “error” por parte de las autoridades, algo que Piña relaciona con su nacionalidad: un español y dos colombianos.
“Cuando ocurre con periodistas locales, no hay tanta presión. Ayer detuvieron a una periodista venezolana en una provincia y de esto no se ha sabido nada”, resaltó Piña, relatora de RSF para Venezuela.
Piña tiene constancia de tres profesionales encarcelados en estos momentos: Billy Six, Jesús Medina Ezaine y Jaime Criollo, imputados por supuestos cargos de rebelión, espionaje o instigación a delinquir, entre otros.
Pero podrían ser más, ya que, como reconoce la reportera venezolana, “resulta muy complicado acceder a un registro actualizado y verificado”.
En el caso de Billy Six, un alemán detenido por obtener una foto de Maduro desde poca distancia, la comunicación ha sido “nula” durante los 83 días que lleva en prisión. “Se le ha negado el derecho a un abogado privado y el Gobierno quiere procesarlo en un juicio militar”, lamentó la periodista.
Los procedimientos de detención e interrogatorios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) incluyen, según afirmó Piña, registros forzosos, incautación y revisión de objetos personales y aislamiento.
No se tiene constancia de fallecimientos de periodistas a manos de las autoridades, pero denuncias como las de los periodistas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, que pasaron una noche “esposados a una silla, inmovilizados”, son una forma de “maltrato”, indicó Piña.
La periodista ha sido testigo en primera persona de los mecanismos de censura del “régimen” del presidente Maduro, según relata. Hace dos semanas, una emisora privada de radio recibió la llamada de la CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) pidiendo que “no se mencionara” a Juan Guaidó y que se rebajara el tono de las noticias.
La emisora se vio obligada a “sacar del aire” (no emitir) varios espacios de su programación que tenían un corte crítico con el Gobierno de Maduro, una situación que se repitió en todas las cadenas de radio.
“Los medios de comunicación venezolanos están plagados de eufemismos”, añadió Piña. Expresiones oficiales como “revisión de la programación”, “chequeos rutinarios” o “excesivo cuidado” son sinónimos de “cortes en la programación”, “detenciones” y “autocensura”.
La población del país se informa por medio de internet y las redes sociales. Los periódicos impresos tradicionales críticos, como El Nacional -que se mantiene en edición digital-, han ido desapareciendo (66 desde 2013) o migrando a internet a causa de la restricción del papel impuesta por las autoridades desde 2014, dijo.
Ninguna televisión nacional retransmitió la toma de posesión de Guaidó el 23 de enero, que en cambio sí pudo verse desde el extranjero en internet. “Quiénes quieren llevar a cabo un periodismo comprometido y crítico, escriben en la plataforma digital”, precisó Piña.
Pero, a finales de enero, se produjo un “apagón informativo” de acceso a internet y Piña auguró que la situación empeorará si se aprueba el anteproyecto de “Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”, denunciado por varias ONG.
“Sabemos que hay ‘fake news’ (noticias falsas) y que se informa y desinforma, pero dada la situación es un mal menor”, concluyó la periodista venezolana.
EFE