“Militares al obstaculizar la entrada de la ayuda humanitaria al país, estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad establecidos en el Art. 7 del Estatuto de Roma”, así lo manifestó el ex parlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.
El Estatuto de Roma es el instrumento jurídico de la Corte Penal Internacional, estos funcionarios pueden ser procesados penalmente por el delito de exterminio contemplado en dicho estatuto, literal “B” del párrafo (Art. 7), el cual define este delito como: «La imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población».
Venezuela es un país sumergido en una crisis económica indetenible que ha provocado hambruna, una crisis de salud con una escasez de medicamentos que ronda el 80%, y que ha provocado muertes de pacientes, situación que no ha conmovido al Estado. “Estamos en presencia de una violación sistemática del derecho a la alimentación, a la salud y al derecho universal más sagrado como lo es el derecho a la vida; crímenes estos que no prescriben”, dijo.
Por otra parte, Narváez se refirió a la falta de solidaridad de la Cruz Roja Internacional con la ayuda humanitaria, su posición desdice de su creación y mision en el mundo desde el año 1863. Esta instutición olvida su cometido y mision: «proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia».
La Cruz Roja se lava las manos como Pilato, argumentando que no participa en situaciones de carácter político; también olvida que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la “Media Luna Roja” tiene por misión «prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales».
Por último el ex parlamentario, condenó la expulsión de los Euro Diputados que llegaron al país por invitacion de la Asamblea Nacional, y la retención de sus pasaportes por parte del Estado Venezolano.
Nota de prensa