Solo un Estado que desprecia la vida de pacientes “crónicos”, moviliza tropas, tanques, balas y cierra fronteras, así lo manifestó el ex parlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.
Por lapatilla.com
Condenamos la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana contra la caravana que se trasladaba a la frontera. La GNB violentó derechos constitucionales como el libre tránsito, el uso excesivo de las fuerza y vulneración del fuero parlamentario.
Asimismo, condenamos el brutal ataque a la comunidad indígena de Kumarakapay, quienes fueron atacados por una caravana del Ejército que se trasladaba a la frontera de Venezuela con Brasil. Los militares abrieron fuego cuando un grupo de personas de la etnia pemón se atravesó en la vía para impedir el paso de los funcionarios. Una pareja de indígenas muertos, y al menos 15 heridos de bala dejó la arremetida.
El Estado terminó de enterrar nuestra constitución aprobada por el pueblo en el año 1999, la cual establece en el Art. 19 la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, señaló Narváez.
Estamos en presencia de una hambruna indetenible y una salud colapsada con una escasez de medicamentos de un 80%, que ha generado muchas pérdidas de vida en todo el país por la indolencia del Estado con el ser humano. Es un acto criminal el no permitir la ayuda humanitaria para un pueblo que se encuentra en un estado de necesidad y pide auxilio al mundo para salvar sus vidas, la solución que plantea el Estado para este 23F es la amenaza, el amedrentamiento y la intención de aplicar la represión utilizando a soldados, cuerpos de seguridad del estado como el FAES, que no tiene límites para reprimir, milicianos y privados de libertad que no tienen nada que perder con sus acciones.
Como defensor de los derechos humanos, responsabilizo al defensor del pueblo y al Fiscal General provisorio, antiguo activista de los DDHH por su silencio e indiferencia por lo que le pueda suceder a miles de familiares y pacientes que estarán reclamando la entrada de la Ayuda Humanitaria en las fronteras; le recuerdo a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas y al componente militar y todo el arsenal militar desplegado contra el derecho a la salud y el derecho a la alimentación, que la la violación grave de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en la figura del delito de exterminio contemplado en el estatuto de Roma no prescriben, aseveró el jurista.