En opinión de Provea la mezcla de falta de mantenimiento, irregularidades administrativas y desprofesionalización de su gestión habrían sido las causantes del apagón del sistema eléctrico, ocurrido en todo el país desde el jueves 7 de marzo. Desde hace varios años se ha denunciado las constantes interrupciones del servicio eléctrico, tanto por especialistas, trabajadores del sector, ONG y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias se han incluido en los informes de los diferentes organismos internacionales con responsabilidad en derechos humanos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido insuficiente y podría agravar sus consecuencias.
Nota de Prensa
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una catástrofe es “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada”. La diferencia con el concepto “desastre” radica en el gran número de víctimas, que la destrucción material y humana no se encuentra restringida a una única zona, la posible prolongación en el tiempo de sus efectos, la desproporción entre necesidades y medios y la necesidad de activar medios de ayuda extraordinarios.
La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) es una situación en que la causa de la emergencia no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población. Diferentes ONG venezolanas, desde el año 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, debido a la hiperinflación.
Además de las graves violaciones al derecho a la salud y la alimentación, un elemento adicional de la EHC, que ha aumentado los índices de pobreza en Venezuela, es la crisis en la prestación de los servicios públicos, afectando a toda la población del país, especialmente a los sectores más vunerables. Las dificultades y retrocesos en los servicios de transporte público, gas doméstico y agua potable han incluido las permanentes interrupciones en el servicio eléctrico, que se han documentado y denunciado de manera suficiente como para que las autoridades hubieran tomado medidas para garantizar el suministro.
Evolución de la crisis en la prestación del servicio eléctrico
Como documentó la ONG Aula Abierta en su informe “Violaciones de derechos humanos en la disponibilidad y acceso e servicios públicos básicos en el Municipio Maracaibo, estado Zulia” entre los años 2008 y 2009 comenzaron a presentarse las interrupciones en diferentes lugares del país, que fueron adjudicadas por las autoridades a los efectos del fenómeno climático de El Niño. Como respuesta se creó un ente específico, el Ministerio de Energía Eléctrica, cuyas primeras metas fueron reducir en 20% el consumo eléctrico y la remodelación de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas en el país. Sin embargo, la situación se mantuvo, lo que obligó a la declaración del “estado de emergencia nacional”, el 08.02.10, mediante Decreto Presidencial 7.228 se anunció la creación de un Estado Mayor Eléctrico, presidido por el Vicepresidente Ejecutivo y conformado por los ministros para la Energía Eléctrica, Planificación y Finanzas, Industrias Básicas, y Energía y Petróleo. El objetivo de esta figura fue evaluar la posibilidad de importar energía y adquirir equipos y repuestos para rehabilitar las plantas de energía eléctrica. También fueron impuestas multas a los consumidores por “uso excesivo del servicio eléctrico”.
En abril de 2013 el gobierno declaró nuevamente el “estado de emergencia del sistema y servicio eléctrico”, atribuyendo las interrupciones del servicio a actividades de “sabotaje” por parte de opositores, por lo que se declararon como “zonas de seguridad” los espacios del territorio nacional donde estuviesen funcionando instalaciones eléctricas, ordenando a los órganos de seguridad su resguardo. Posteriormente se anunció la puesta en marcha de la “Gran Misión Eléctrica”, compuesta por 7 vértices: el fortalecimiento del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), el ahorro energético, la sostenibilidad financiera del SEN, el desarrollo de fuentes de energías alternativas, el desarrollo soberano del sector eléctrico, la implementación del nuevo modelo de gestión “socialista” y un plan de inversiones.
Como recordó Aula Abierta, en el marco del segundo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica a nivel nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 del 13 de mayo de 2016, nuevamente se atribuyó a los fenómenos climáticos las causas de la crisis eléctrica: “el fenómeno de El Niño ha generado la crisis climática más difícil de la historia de nuestra Patria mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el sistema nacional de producción de energía eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad, y causando otros efectos en la productividad del país”.
Hasta el año 2015 fue de acceso público el informe de gestión del Ministerio de Energía Eléctrica. No obstante, el ministerio no reveló ese año la cantidad de viviendas que contaban con el suministro eléctrico. Una nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias afirmaba que el servicio eléctrico alcanzaba el 98% de cobertura: “En 17 años se han incorporado más de 10.000 megavatios (MW). La nación cuenta en la actualidad con una capacidad de generación instalada de 28.000 MW, de los cuales están operativos 20.300, para atender una demanda que oscila entre los 17.000 y los 18.000 MW”. Sin embargo, estas cifras no coincidieron con las divulgadas en ese mismo año por el gerente de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien calculó la demanda en el país en 15.500 MW. Además, estimó que los hogares consumían el 40% del total de la generación eléctrica, y los aires acondicionados representaban 32% de la demanda eléctrica de las viviendas.
Según la Ley de Presupuesto 2017, la última de acceso público, el Ministerio de Energía Eléctrica se ubicó en el n lugar número 17, de 18 entes, como la institución que menos recibió presupuesto para su funcionamiento, comparativamente con un monto 18 veces menor que lo destinado para el Ministerio de Defensa, lugar 4 en la lista.
Ante la ausencia de información oficial, gremios y ONG levantan información
La falta de estadística oficial sobre el sistema eléctrico nacional obligó a diferentes instituciones a levantar datos que permitieran realizar un diagnóstico sobre su situación y hacer recomendaciones a las autoridades.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una investigación realizada por tres universidades (UCV, UCAB y USB) encontró que para el 2015 el 12,5% de los hogares del país tenían interrupciones diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresaron que nunca tienen cortes del servicio. Según los resultados las interrupciones y apagones afectaban a 86,4% de los hogares en Venezuela. Un año antes la Encovi había medido que el 20,6% de las casas posee electricidad diariamente; 41,5% alguna vez a la semana; 22,2% alguna vez al mes y 15,3% nunca contaban con electricidad. Según Alfredo Cilento, investigador de Encovi “graves problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos diez años”. Según Aula Abierta durante el primer semestre del año 2013 ocurrieron 534 apagones en el estado Zulia, un promedio de dos interrupciones al día.
El deterioro en el sistema eléctrico aumentó la EHC en el sector salud. Según el Informe Anual de Provea 2017 para ese año se registraron 195 denuncias sobre fallas eléctricas en los centros asistenciales que habían afectado su desempeño. Para el año 2016 se detectaron 119 denuncias similares. Por otro lado según la Encuesta Nacional de Hospitales, incluida en el Reporte Nacional realizado en septiembre de 2018 por 12 ONG con trabajo en el derecho a la salud apenas el 33% de los centros hospitalarios del país contaban con plantas de generación de energía eléctrica: “Los cortes de luz, intensificados los dos últimos años por la caída de las capacidades de energía eléctrica en el país, también constituyen un aspecto de enorme preocupación dado que al menos 33% de los hospitales públicos no cuentan con plantas para mantener encendidos equipos de soporte vital en caso de fallas dentro de áreas críticas como emergencias, quirófanos y unidades de cuidado intensivo”.
Por su parte Transparencia Venezuela documentó dos importantes casos de corrupción vinculados a Corpoelec: La represa Tocoma, y la repotenciación de Macagua I, ambas en el estado Bolívar. Ambas obras se encontrarían paralizadas desde hace varios años y con diferentes denuncias sobre el manejo irregular de los recursos.
Alertas sobre crisis eléctrica genera persecución de los denunciantes
Víctor Poleo, ex viceministro de Energía Eléctrica, ha denunciado reiteradamente la crisis del sistema eléctrico, que ha calificado de inducida: “Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector”. En 2013, Poleo y los ingenieros electricistas José Manuel Aller, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Sistemas Interconectados, fueron citados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras haber opinado sobre las interrupciones en el servicio eléctrico. En abril de 2015 se denunció que el ingeniero Luis Vásquez, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Barquisimeto. Vásquez habría declarado a un medio regional sobre la posibilidad de nuevos apagones debido a la caída del nivel del agua en el embalse Gurí, represa que alimenta a la principal central de generación hidroeléctrica.
Reynaldo Díaz, Secretario General del Sindicato Trabajadores Eléctricos de la Electricidad de Caracas (STE), ha denunciado que por lo menos 29 dirigentes sindicales de Corpoelec habían sido despedidos por exigir mejoras salariales para los trabajadores. Interrogado sobre la situación de la estatal, respondió a Provea: “Hay déficit de transformadores en los patios, en las áreas, déficit de los implementos e instrumentos de trabajo necesarios. No se desmalezan las áreas con la frecuencia necesaria, hay obsolescencia de equipos que ordena la sustitución de equipos en generación, transmisión y distribución. La empresa “funciona” porque los trabajadores siguen yendo por el amor que le tienen a su trabajo. Quedan pocas unidades de transporte, sin cauchos ni baterías. No hay papel ni tinta para imprimir. A causa de la fuga de personal, CORPOELEC está expuesta a la desprofesionalización. Se necesitan 8 años de experiencia para ser caporal de averías o jefe de grupo, de una cuadrilla de linieros. Se necesita al menos 10 años de experiencia para ser jefe de guardia en una planta de generación. Los grupos de guardias de operación, se encuentran incompletos”. Díaz ha denunciado persecución por parte de los organismos policiales por sus denuncias sobre la situación de la empresa y las demandas de los trabajadores.
Comunidades se han movilizado por la falta del servicio eléctrico
Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el año 2018 se registraron 12.715 protestas, 35 diarias en todo el país. El 89% de las protestas fueron por demandas sociales, mientras que el 11% fue por exigencias políticas. Los derechos más exigidos fueron los laborales (5.735 protestas), servicios básicos (3.953 protestas) y alimentación (1.257 protestas). Las protestas por derechos sociales fueron respondidas por el Estado con el uso abusivo de la fuerza, pues durante el 2018 fueron asesinadas 14 personas en el contexto de esas manifestaciones.
Según el monitoreo realizado por Provea en 30 medios nacionales, entre enero a diciembre de 2016 se realizaron 56 protestas por falta de energía eléctrica a nivel nacional, siendo la tercera causa de protesta por fallas en los servicios públicos, por debajo de las exigencias de agua y gas doméstico.
Organismos internacionales informados sobre crisis eléctrica
En julio de 2015 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas realizó sus observaciones finales al tercer informe de Venezuela sobre el grado de cumplimiento del Pacto Internacional DESC. Entre sus recomendaciones en materia de vivienda, solicitó “la adopción de una estrategia integral que garantizara la disponibilidad y el acceso a servicios básicos adecuados, tales como agua, saneamiento y electricidad”.
En su informe “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”, la oficina del Alto Comisionado ONU para los Derechos Humanos incluía los problemas de suministro eléctrico en su apartado sobre la erosión de los derechos económicos y sociales: “El deterioro de la situación económica ha causado una hiperinflación y una grave escasez de alimentos, medicamentos y energía eléctrica, lo que, sumado a una drástica reducción del presupuesto del Gobierno destinado a los servicios sociales ha conducido a una regresión en el disfrute de los derechos sociales y económicos”. Esta preocupación es repetida en su informe “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, de junio de 2018: “Las instituciones estatales están perdiendo rápidamente la capacidad de proporcionar servicios esenciales a la población, como electricidad, agua y saneamiento y transporte público”. El Alto Comisionado se refirió al impacto de la falta de luz eléctrica sobre la prestación de servicios de salud: “En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses”.
En su reporte “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”, divulgado a finales de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también incluyo las consecuencias de la interrupción permanente del servicio eléctrico. Sobre el derecho a la educación aseveraron: “Otras dificultades que han impactado en el goce de este derecho han sido los problemas con el servicio de agua y el servicio eléctrico”. Más adelante agregaron: “El agravamiento de la crisis económica condujo a una hiperinflación; la escasez generalizada de alimentos; el desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos; así como la precariedad de servicios como la energía eléctrica. Esta crisis social y económica tuvo y continúa teniendo manifestaciones concretas en la vida diaria de millones de personas que viven en Venezuela, quienes enfrentan serias dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”.
En febrero de 2018 un grupo de expertos de Naciones Unidas (Leilani Farha, Hilal Elver, Dainius P?ras, y Philip Alston) alertaron sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, incluyendo la petición sobre la adopción de políticas para garantizar el acceso al suministro eléctrico: “Hacemos un llamado al Gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”.
Nicolás Maduro responde a la situación de manera insuficiente
En la única alocución de Nicolás Maduro referida al apagón que comenzó en toda Venezuela el jueves 7 de marzo, adjudicó la responsabilidad a factores externos: Según nota de Telesur “denunció este sábado -9 de marzo- un nuevo ataque masivo al sistema eléctrico nacional a través de mecanismos de alta tecnología y complicidad de “infiltrados” internos en la empresa estatal de energía Corpoelec (…) Se trata de “tecnología de alto nivel que solo tiene el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) (…) producen ataques electromagnéticos contra las líneas de transmisión” e interrumpen sucesivamente el proceso para reconectar las distintas estaciones, advirtió”. El resto de los voceros estatales han repetido esta versión, sin informar sobre el origen de la falla, las operaciones que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación del sistema eléctrico. Cuando este informe se escribe, el servicio eléctrico ha sido parcialmente restablecido en algunas zonas de Caracas, con interrupciones intermitentes, mientras el resto del país continúa a oscuras. Las autoridades no han divulgado si estarían implementando un operativo de racionamiento eléctrico para los habitantes de la capital, o las expectativas del restablecimiento para el resto del país.
Además de la propia opacidad estatal, la hegemonía comunicacional sobre los medios de comunicación en Venezuela ha aumentado la incertidumbre y el nerviosismo. En el caso de Caracas sólo 4 emisoras de radio informaban sobre los sucesos, basados en informaciones de redes sociales. El servicio de telefonía no ha sido restablecido, por lo que las personas están realizando inusitados esfuerzos para comunicarse con sus familiares.
La interrupción prolongada está ocasionando daños severos difícilmente cuantificables en los actuales momentos. El presidente encargado Juan Guaidó mediante una rueda de prensa junto a expertos y médicos denunció, el 10 de marzo, que por lo menos 17 personas recluías en centros asistenciales habrían fallecido por la ausencia del servicio eléctrico. Pequeños comerciantes en el sector alimentos se han visto afectados debido a la imposibilidad de mantener sus inventarios requeridos de refrigeración. Ante la ausencia de dinero en efectivo y la caída de las comunicaciones en el sistema bancario, algunos comerciantes estarían cobrando en dólares. Debido al cierre de las fronteras las poblaciones cercanas a Colombia y Brasil se han visto impedidas de disminuir las consecuencias del apagón buscando asistencia médica o alimentos en poblaciones aledañas.
No se conoce la activación de un protocolo oficial para atender situaciones de emergencia en las comunidades más vulnerables, como centros asistenciales o ancianatos. También se desconoce el tiempo y las consecuencias de la paralización de actividades anunciada desde el viernes 08.03, por el gobierno. La estrategia de simulación de normalidad, el supuesto restablecimiento progresivo del servicio y la extensión por más tiempo de la situación sobre todo en los sectores más pobres y vulnerables podría ocasionar eventos de conmoción en las próximas horas, con resultados lamentables para la vida e integridad de las personas.
Exigencias inmediatas de Provea frente a la situación
Dada la gravedad de la situación desde Provea estamos realizando las siguientes demandas:
1) Exigir a las autoridades información veraz y oportuna sobre las causas de la interrupción del servicio eléctrico, los trabajos que se estarían realizando y el posible tiempo de recuperación.
2) Sin discriminación, convocatoria a todos los especialistas venezolanos y extranjeros que puedan coadyudar en la reparación pronta de la falla y del sistema eléctrico en su conjunto
3) Atención inmediata a las emergencias generadas por el apagón, activando un protocolo de actuación ante situaciones extraordinarias.
4) Garantizar que el restablecimiento del servicio eléctrico se haga de manera profesional, sin agravar su deterioro y evitando la repetición de situaciones similares en el futuro.
5) Diagnosticar e informar públicamente, de manera veraz y oportuna, sobre las diferentes consecuencias del apagón.
6) Solicitar y aceptar la ayuda internacional tanto para el arreglo de la falla como para abordar los diferentes efectos y consecuencias del apagón en amplios sectores de la población.
7) Abrir las fronteras para que las poblaciones de los estados Táchira, Zulia, Apure, Bolívar y Amazonas puedan mitigar los efectos del apagón, accediendo a servicios de salud, alimentos y telecomunicaciones.