En alguna oficina pública venezolana está ocurriendo esto: un ciudadano intenta hacer una solicitud y le dicen que debe traer una carta describiendo lo solicitado junto con el sello del Consejo Comunal correspondiente y ,además, firmas de vecinos anexas. El ciudadano informa que en su comunidad no se renovó el Consejo Comunal, que el sello se perdió y que las hojas de papel están muy costosas pero que, siendo muy importante su solicitud, el resuelve.
Una vez entregada la solicitud, ocurre que el funcionario receptor no tiene ni tinta, ni papel, ni lápiz para efectuar el proceso administrativo interno para dar respuesta al vecino, intenta informar a su supervisor pero no está (muchos funcionarios no asisten con regularidad a sus puestos por no tener efectivo suficiente para llegar a la oficina, por estar haciendo cola para comprar algún producto o por tener otros empleos simultáneos que les permitan al menos comer en medio de la precarización del poder de compra del salario). La solicitud no tiene respuesta oportuna, el ciudadano y sus vecinos protestan, la administración, en el mejor de los casos, los ignora, en el peor, los reprime. ¿cómo se llama la obra?
Estos eventos son transversales, ocurren en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), sea para el trámite de podar un árbol o para la adquisición de un medicamento vital para un enfermo crónico y bien sea con funcionarios civiles o con militares. Uno podría decir, faltando a la verdad, que la administración pública siempre fue así, pero esa sería una vulgar generalización que ni es real, ni ayuda a resolver el problema, ni hace sentir mejor a las víctimas de la ineficiencia.
El problema de fondo es un constructo ideológico subyacente, fomentado por el régimen autocrático, cuya premisa es que, habida cuenta de que la Revolución implica la destrucción del “Estado Burgués”, se debe asfixiar presupuestariamente a la administración pública para que “surja” el “Estado Comunal” y el “autogobierno popular”. Obviamente, son fantasías autoeróticas de las juventud comunista de los 80s convertidos en ministros estrellas de hoy (estrellados parece más apropiado).
Esta actitud nos lleva a la parálisis de la gestión pública. Hoy en día, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios y las empresas públicas en general tienen mejores publicistas que operarios. Todo se “resuelve” a punta de propaganda. Recientemente me informaron que el Municipio Libertador (Carabobo) aprobará una normativa para obligar a las unidades del transporte público a recibir los billetes de baja denominación para el cobro del pasaje so pena de duras multas… Uff… Yo también quisiera que se decretara que los 365 días del año fuesen frescos, soleados, cortos y agradables pero sería ignorar la realidad climática.
Los economistas saben que, producto de la hiperinflación, las piezas de billetes se desmonetizan de facto dado que su costo de almacenamiento supera el poder de compra de los fuertes y soberanos bolívares en efectivo. Que no es maldad de los buseteros sino la realidad macroeconómica, obra y gracia de la Revolución, lo que impide a los pasajeros usar los billetes de baja denominación de forma útil. Los concejales redactores de la fulana ordenanza saben que es impracticable, sus asesores lo saben, el alcalde lo sabe, lo saben los buseteros pero, como hay que seguir la vorágine discursiva oficial, el “pan y circo” pero sin pan, hay que decretar 365 días soleados para recibir el clamoroso, efímero e infame aplauso por el bien de la Revolución aunque eso signifique el mal para el ciudadano. Eso no es un error, es adrede.
Julio Castellanos / @rockypolitica / jcclozada@gmail.com