La forma irresponsable, represiva y cínica como el régimen de Nicolás Maduro se ha comportado ante la crisis eléctrica, el arraigo popular de Juan Guaidó y el reconocimiento internacional alcanzado por el Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente encargado, unido a la petrificación de los usurpadores, atornillados a Miraflores y negados a dejar el palacio de gobierno, ha conducido a numerosos sectores a pedirle a Guaidó que invoque el artículo 187, numeral 11, de la Constitución nacional.
El 187 prescribe las competencias de la Asamblea Nacional. El numeral 11 señala que una de esas atribuciones consiste en “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. De acuerdo con la letra constitucional, según la interpretación de quienes aspiran a invocar ese texto, y dada la crítica situación nacional, con tendencia a agravarse, la tozudez de Maduro y su equipo, y la impotencia de la sociedad para desalojarlos del poder, habría que valerse del 187 para solicitar el empleo de una misión militar en Venezuela. Es decir, una invasión.
Juan Guaidó se ha comportado de forma cautelosa frente a esa posibilidad. No se ha dejado acorralar por quienes pretenden arrinconarlo para que apruebe la solicitud. Por razones tácticas, insiste en que todas las salidas están puestas sobre la mesa. Es la postura lógica. Para conservar el poder, el régimen abandonó todas las fórmulas basadas en la persuasión y el consenso. Optó por la coerción abierta apoyado en la GNB, la PNB, las Faes y grupos delictivos paramilitares. En ese escenario, lo más sensato es que Guaidó subraye lo que sus aliados internacionales de mayor peso sostienen: que ninguna alternativa ha sido descartada. Si el régimen pretende mantener el secuestro indefinido del país, debe asumir que esa posibilidad está contemplada. Tiene que convencerse de que puede resultar muy alto el costo de atornillarse a Miraflores en contra de la voluntad de la inmensa mayoría y de los países democráticos de la región, que además sufren las consecuencia de la ineptitud madurista.
Hay que distinguir entre enarbolar el 187, teniéndolo como refugio, y exigirle a Guaidó y a la Asamblea Nacional que solicite su aplicación en la actual coyuntura. La precipitación en este campo puede conducir a un error gravísimo, con consecuencias letales para el movimiento que se ha organizado en torno de Guaidó. Si el presidente encargado y los diputados de la AN tomasen la decisión de valerse del 187 para llamar a la comunidad internacional a que aterrice en Venezuela, y ese llamado no es respondido por los Estados Unidos, Brasil y Colombia, las naciones más proclives a intervenir, el prestigio y autoridad de Guaidó y los parlamentarios quedarían seriamente lesionados. Tal posibilidad es muy alta.
En nombre de la soberanía nacional y del respeto que merecen los factores de poder y la opinión pública, los presidentes de cada una de esas sociedades tendrían que realizar las consultas de rigor y manejar con prudencia las diferentes opiniones que surjan. Involucrar a un país en un conflicto bélico con otro, no es una cuestión sencilla, que pueda resolverse en un cenáculo. La gravedad que los venezolanos les asignamos a nuestras penurias, no es igual a la que les asignan los pueblos de otras latitudes. El Presidente y las Fuerzas Armadas de las naciones aliadas no pueden sentir que Guaidó y la AN están dictándoles órdenes. Si esos gobiernos deciden intervenir en Venezuela será porque concluyen que nuestra situación es insostenible por las razones que ellos consideren pertinentes, no porque Guaidó y la AN lo pidan.
Según todos los indicios, la estrategia escogida por los socios internacionales de los demócratas venezolanos, en primer lugar los Estados Unidos, consiste en doblegar al régimen de Maduro. Asfixiarlo en el plano financiero. Dejarlo sin recursos económicos para que no pueda seguir operando. Las sanciones a Pdvsa persiguen ese fin. Cada vez le resulta más arduo al régimen negociar con el oro, los diamantes y demás minerales extraídos del Arco Minero. La producción e importación de gasolina se hace cada vez más empinada. Las posibilidades de resolver la grave crisis eléctrica se alejan. Se requieren inversiones multimillonarias que Maduro no está en capacidad de atraer. Mucho menos de generar. El deterioro de los servicios públicos continuará. Recuperar el suministro de agua será imposible porque el gobierno está incapacitado de conseguir los fondos necesarios. Lo mismo ocurrirá con el gas, el transporte público, la salud, la infraestructura.
Resulta duro admitirlo, pero es la verdad: la comunidad internacional no atenderá la solicitud de Guaidó y de la AN. Trazó una ruta en la cual veremos cómo el país continúa despedazándose, con la esperanza de que el régimen, como resultado del malestar e ira de la gente, implote. Para ir bien tendremos que permanecer juntos sin solicitar invasiones extranjeras.