Consabido, la Fracción Parlamentaria 16 de Julio ha insistido, desde el 19 de febrero del presente año, en la discusión y autorización de una misión de paz, según el numeral 11 del artículo 187 de la Constitución de 1999. El sólo y violento impedimento del ingreso y distribución de la ayuda humanitaria, lo justifica.
El texto constitucional vigente, clara, expresa e inequívocamente señala la competencia exclusiva de la Asamblea Nacional para “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Importa diferenciarlo del numeral 4º del artículo 150 de la Constitución de 1961 que atribuía la autorización al Senado por “solicitud del Ejecutivo Nacional”.
Luego, se infiere que el parlamento puede valorar las condiciones, pertinencia y oportunidad para deliberar y autorizar en la materia, siendo importante acotar la aprobación pacífica y pacífica de la norma por el constituyente (actas nrs. 35 y 45 del 3 y 15/11/199/ Asamblea Nacional Constituyente). Además, bajo uno u otro supuesto, puede recibir y hacer la solicitud respectiva.
Ahora bien, un hecho público, notorio y comunicacional, sabemos de la presencia en nuestro país de una misión militar rusa y, algo más que una reiterada visita de cortesía, el proyecto de una base inicial e incomprensiblemente insular, en La Orchila, y otra que tendrá por supuesto destino la región guayanesa. Demasiado obvio, una presencia tan sostenida requiere de la ineludible autorización de la Asamblea Nacional.
Por lo pronto, es harto conocido el motivo, los detalles y la urgencia de una catástrofe humanitaria en Venezuela, por lo que el planteamiento y aprobación del referido artículo 187 tiene una necesarísima vocación por el debate público, en contraste con una misión militar, como la rusa, que no sólo violenta la norma, sino que está implementándose en la más completa opacidad, excepto los deslices noticiosos. Y ésta sola circunstancia obliga a la Comisión Permanente de Defensa de la Asamblea Nacional, a abrir la debida investigación para constatarlo y corregir prontamente la situación.
Un hecho público, notorio y comunicacional, sabemos de la presencia de una misión militar rusa y, algo más que una visita de cortesía, pocas noticias se tienen en torno a una base inicial y hasta incomprensiblemente insular, como la de La Orchila, y otra que tendrá por supuesto destino la región guayanesa. Es demasiado obvio que una presencia tan sostenida requiere de la autorización ineludible de la Asamblea Nacional, la cual debe abrir la correspondiente investigación de los hechos por ahora conocidos, profundizando en intenciones y pretensiones.