Imagina vivir en un país donde tienes que traer una mochila repleta de efectivo para comprar los alimentos más básicos, si es que hay algo para comprar. Donde para acceder a un hospital con estándares de salud e insumos médicos adecuados, necesitas viajar cientos de kilómetros y cruzar fronteras, mientras en tu país la infraestructura se derrumba y los cortes del servicio eléctrico pueden durar varios días. Así lo reseña Transparencia Internacional es un sitio web.
Para la gran mayoría de los venezolanos, estas situaciones se han convertido en la realidad de los últimos años. El país atraviesa una de sus peores crisis humanitarias, que ha provocado que más de 2 millones de personas se vayan del país desde 2014.
La corrupción en las más altas esferas del Gobierno venezolano no solo ha causado inestabilidad social y económica extrema, sino que además ha debilitado a las instituciones estatales que deberían proteger a la ciudadanía. Esto se evidencia particularmente en la forma en que las redes de delincuencia organizada actúan con impunidad en todo el país.
DELINCUENCIA ORGANIZADA E IMPUNIDAD
Las instituciones estatales no son capaces de contrarrestar las actividades de estas redes. Denunciar o juzgar estas actividades delictivas es algo casi imposible para los funcionarios del sistema judicial, pues la decisión de denunciar a menudo implica poner en riesgo su trabajo y su seguridad.
En un estudio realizado por Transparencia Venezuela (TI Venezuela), algunos funcionarios señalaron que si querían trabajar un caso “difícil” debían mantenerlo en secreto. No hay mecanismos para lidiar con las amenazas que reciben ellos o sus familias, y esto favorece el accionar de las organizaciones delictivas. No resulta sorprendente que, con instituciones tan frágiles, Venezuela tenga una pésima puntuación en el Índice Global de Impunidad.
INSTITUCIONES ESTATALES CORRUPTAS
El Estado no solo no protege a la ciudadanía frente a los delincuentes, sino que además, según se señala en un informe reciente, el mismo Estado es una de las principales fuentes de violencia armada contra los miembros más vulnerables de la sociedad. Entre 2015 y 2017, se habrían perpetrado más de 8000 ejecuciones extrajudiciales.
“El núcleo de la crisis es la eliminación de la autonomía e la independencia de los poderes públicos. En Venezuela no hay separación de poderes, y la independencia de las distintas ramas de gobierno ha dejado de existir”, dice Mercedes de Freitas Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Una de las causas principales de la crisis actual en Venezuela es que se ha permitido que unas pocas personas tomen el control de los poderes públicos del país y se beneficien con estos, a costa del pueblo. Con el debilitamiento de las instituciones independientes, el sistema de pesos y contrapesos que limitaba el poder del Ejecutivo se ha desmoronado.
Esto significa, además, que la independencia y la integridad de las instituciones judiciales del país se encuentran seriamente comprometidas. Los funcionarios suelen ser nombrados por su lealtad al régimen, en vez de por su mérito, y en general son permeables a la influencia del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el actual director general del órgano de investigación venezolano, fue nombrado directamente por Maduro. A su vez, este gobierno ha convertido al Tribunal Supremo en un instrumento clave para ejercer el poder absoluto, y lo ha dotado de los fondos suficientes para ello.
Nuestro capítulo en Venezuela determinó que, en la primera mitad de 2018, el Tribunal Supremo fue el principal beneficiario de los aumentos presupuestarios para el Poder Judicial. Por otro lado, en ese mismo período, el Poder Legislativo prácticamente no recibió fondos adicionales.
Del presupuesto del Estado, menos del 1 % se asignó a la Asamblea Nacional, un órgano que, actualmente, es de composición mayormente opositora, y que tiene un papel clave en la aprobación de nuevas leyes. Y la necesidad de nuevas normas es acuciante, ya que Venezuela todavía no ha tipificado completamente diversas actividades ilícitas vinculadas con la delincuencia organizada, como la corrupción, el blanqueo del lucro generado por las actividades delictivas y la trata de personas.
LA MIGRACIÓN Y EL RIESGO DE TRATA DE PERSONAS
Miles de venezolanos se van del país cada mes. En el trayecto que recorren en busca de una vida mejor, están expuestos a redes de trata que pueden explotarlos. La trata y las formas contemporáneas de esclavitud son fenómenos cada vez más frecuentes, y las mujeres están particularmente en riesgo.
Muchos venezolanos viajan sin pasaportes, lo que los convierte en presa fácil de redes delictivas y pone de manifiesto la inacción de las instituciones estatales: durante años, la autoridad responsable de emitir documentos de identidad no ha respondido adecuadamente a la demanda, y esto dejó a numerosos ciudadanos sin pasaporte. Los datos muestran que los venezolanos desplazados sin documentos –sobre todo mujeres, niños y niñas de bajos recursos– a menudo se convierten en víctimas de tratantes.
SE NECESITAN RESPUESTAS
El estudio que realizó TI Venezuela con una nueva herramienta, JustLEAD, puso de manifiesto la necesidad de que se adopten leyes específicas contra la trata de personas en Venezuela.
Fortalecer las instituciones y restablecer los estándares de integridad son pasos cruciales para asegurar el cumplimiento de cualquier norma. A fin de identificar y combatir eficazmente la trata de personas, que constituye un delito complejo y persistente, es necesario reformar el sistema de justicia. Se deben adoptar y hacer cumplir leyes que penalicen todas las formas de trata de personas y esclavitud, y se debe brindar capacitación específica sobre el tema a los funcionarios, incluida la formación sobre los aspectos de género de la trata.
Para proteger a víctimas y funcionarios frente a las redes de delincuencia organizada, debe establecerse un sistema independiente y seguro en el que puedan apoyarse y que puedan usar para plantear denuncias. Se deberá, por todos los medios posibles, brindar capacitación y fortalecer a las instituciones, con ayuda de recursos tecnológicos y de la cooperación internacional. En conjunto, estas medidas podrían representar un primer paso para contrarrestar los niveles desorbitantes de corrupción y delincuencia organizada, y devolverían a las instituciones de justicia penal su finalidad original de servir y proteger a la población.