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Nicolás Maduro ha arremetido contra Juan Guaidó en varias ocasiones en lo que va de año, pero no se ha atrevido a encarcelarlo debido a los costos asociados a una acción de esta naturaleza. Sin embargo, desde sus filas vienen trabajando para desmoronar el piso político de Guaidó, tratando de acabar con la Asamblea Nacional que, de paso, es el único poder público independiente y la única institución venezolana cuya legitimidad tiene pleno reconocimiento internacional.
En sólo una semana el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señaló a 10 diputados de la Asamblea Nacional (AN) de haber cometido delitos como traición a la patria, conspiración, usurpación de funciones e instigación a la insurrección a propósito de los hechos del pasado 30 de abril, cuando Juan Guaidó, rodeado de efectivos militares, hizo un llamado al cese de la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro.
Según los señalamientos del TSJ, a estos parlamentarios no les corresponde un antejuicio de mérito “por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes”. De inmediato la Fiscalía General y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se sumaron a la causa para avanzar hacia el encarcelamiento de Edgar Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo de Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía.
Esto dio lugar a una cacería pública de los diputados, muchos de los cuales huyeron o se resguardaron, lo que pone en riesgo la operatividad de la AN, que viene resistiendo las dentelladas del régimen de Maduro para neutralizar a sus miembros a través de la persecución, la cárcel y los vericuetos legales que el resto de los poderes públicos chavistas articulan para tal fin.
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