El Parlamento de Venezuela, avivó este miércoles la polémica que rodea la muerte de la adolescente Ángela Aguirre, al considerar que la Justicia ha cometido irregularidades en la atención de este caso de femicidio ocurrido hace dos meses.
A través de un acuerdo de la comisión de Desarrollo Social el Legislativo alertó que las autoridades judiciales que llevan el caso contra los presuntos implicados en la muerte de la joven pretenden “cambiar y ocultar los hechos” de lo que, asegura, fue su “asesinato”.
“El padre de Ángela Aguirre ha denunciado manipulación de evidencias y un proceso viciado. Nos alarma que la próxima semana se cumplirán 45 días del plazo, y no se ha visto esclarecido este crimen”, agregan los diputados de la comisión en el documento.
Aguirre perdió la vida el 23 de marzo cuando asistió a la celebración de cumpleaños del joven José Cedeño en un club del estado de Bolívar (sur).
Según las primeras investigaciones, Cedeño frecuentaba la vivienda de la familia Aguirre y fue una de las siete personas que abordaron junto Ángela una embarcación para continuar los festejos por el cumpleaños en una isla conocida como Terecaya.
Los sospechosos de la muerte dijeron luego a la policía que presumían que Ángela había caído de la embarcación, aunque ninguno podía asegurarlo porque estaban ocupados abasteciéndose de bebidas y no atestiguaron el suceso.
Pero los resultados de una presunta autopsia que varios medios locales han difundido revelaron que la joven sufrió abusos sexuales, fue golpeada y asesinada por inmersión mecánica.
Por el suceso están detenidas siete personas, entre ellas José Cedeño, el presunto violador de Ángela.
En un audio que circuló en las redes sociales se escucha la voz de una joven, que los padres de Ángela aseguran es ella, confesarle entre llantos a una amiga que había sido violada por Cedeño, de 18 años.
Pero una autopsia ordenada por otro fiscal dictaminó que Ángela y José tuvieron sexo “consensuado” y que falleció ahogada al caer de la embarcación, una tesis que sus padres rechazaron al tiempo que recusaron a la representante de la Fiscalía.
El jefe de la comisión de desarrollo social del Parlamento, Miguel Pizarro, dijo en Twitter al difundir el acuerdo que “se rumorea que las personas que llevan el proceso han sido sobornadas”, aunque sin ofrecer pruebas.
“Han hecho cambios de fiscales y encubrimiento del caso, además del cambio de los resultados de la primera autopsia a ‘muerte natural'”, añadió.
Aunque a mediados de abril la Fiscalía usaba la palabra femicidio para referirse al caso, hace solo tres días el Supremo intervino el expediente, que solicitó con carácter de urgencia, y lo radicó en Caracas, “en virtud del conocimiento notorio y comunicacional” del caso.
“Quienes se encargan de protegernos se venden al mejor postor y el pueblo es el perjudicado. Ángela no merecía esto, su familia no merece esto, ningún venezolano merece vivir así; por eso exigimos esclarecer el caso y que se haga justicia”, insistió Pizarro.
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EFE.