En el llamado Cuartel Bolívar, ubicado en Barrio Obrero de San Cristóbal, estado Táchira, y donde está instalada la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), se inauguró, a la entrada a la derecha, un salón que tradicionalmente era de los comandantes y lo convirtieron en el salón de los traidores y enemigos de la patria. Ahí tienen las fotos y afiches de los militares que han sido considerados no comprometidos con la revolución. Así lo reseña infobae.com
Desde principios del año 2018 se empezó a imponer en las instalaciones castrenses venezolanas colocarle una raya roja sobre la fotografía de los oficiales, en la Galería de Comandantes, que por alguna razón eran considerados no afectos a la revolución y que habían ocupado cargos en esas dependencias militares. La línea roja era acompañada de la palabra “traidor”.
Ahora la modalidad es otra, porque hay una gran cantidad de militares de bajo grado o tropa que no aparecen en dichas galerías, pero que han reconocido a Juan Guaidó como su Comandante en Jefe.
En algunos comandos han impreso afiches con la foto del militar tachada con dos rayas en forma de X, su nombre, sin indicar su grado militar y con extractos de la Ley de Disciplina Militar o del Código Orgánico de Justicia Militar. Develan los afiches como si fueran una obra de arte. Eso está sucediendo particularmente en los componentes Ejército y Guardia Nacional.
Es una acción de persecución y degradación contra esos oficiales, algunos con carreras meritorias en la institución y quienes se ganaron sus ascensos, sus grados, sus charreteras y sus insignias. Algunos son señalados de cometer delitos como traición a la patria o instigación a la rebelión, otros sencillamente son execrados de la Fuerza Armada porque por razones ideológicas no comparten la doctrina o el camino por el cual la revolución bolivariana ha conducido al país o a la Fuerza Armada.
Lo que buscan esas acciones es desaparecer a esos oficiales de la historia de la institución, a la cual algunos han pertenecido 30 años. La primera acción de ese tipo la hizo Nicolás Maduro cuando degradó a 24 oficiales, señalándolos de traición a la patria, instigación a la rebelión o delitos similares, aunque ellos no ejecutaron ningún golpe de Estado ni siquiera intentonas golpistas. Contrario a ello a quienes sí atentaron contra la Fuerza Armada en 1992 y usaron las armas de la República para derrocar a un presidente legal y constitucional, aquel 4 de Febrero y aquel 27 de Noviembre, se les llame salvadores de la patria.
A Hugo Chávez y a todos quienes lideraron esas intentonas golpistas, no solo les respetaron los grados militares obtenidos, sino que incluso fueron reincorporados a la Fuerza Armada.
Hoy tenemos al General en Jefe Raúl Isaías Baduel, que no ejecutó ni golpe ni intentona alguna, sino que más bien rescató a Hugo Chávez del golpe del 11 de abril de 2002, lo tienen encerrado en una cárcel sin luz solar, sin comunicación y muchas veces con prohibición de visitas familiares.
Al Mayor General Miguel Rodríguez Torres, que sí participó el 4F (intento golpista de 1992, integrado por Chávez), no lo tienen preso por esa acción sino por un informe sin sustento que hizo la Dirección de Contrainteligencia Militar, destacando que supuestamente el Alto Oficial estaba conspirando contra la Revolución que ayudó a construir; y lo más reciente es que a su pareja también la tienen detenida desde hace unos días.
A los jóvenes militares que venían solicitando la baja de la Fuerza Armada se las negaban. Miles decidieron desertar arriesgándose a las consecuencias que eso trae consigo, pero aún así se fueron del país tratando de buscar mejores oportunidades de vida y de trabajo para sus familias. Cada día esa cifra crece.
En el caso del primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez, quien está en el exilio, le hicieron su respectivo afiche de desprecio en la institución armada; más aún, en enero detuvieron a su esposa, la teniente Leidy Roso Contreras como presión hacia el oficial, sin ni siquiera considerar que la joven estaba en período de lactancia.
Igual caso se repite con el mayor del Ejército Carlos Enrique Roso Romero, quien era el subdirector del Centro de Adiestramiento de Combate de Infantería de Montaña Coronel Antonio Ignacio Rodríguez Picón, Fuerte Kinimarí, Táchira, adscrito al Comando de Operaciones Terrestres. Él se pronuncia en respaldo a Guaidó, en compañía del sargento primero Del Río y el Sargento segundo Laverde, pertenecientes a la Guardia Nacional.
Han emitido orden de captura contra los militares que manifestaron apoyo a Juan Guaidó el 23 de febrero y días subsiguientes, además de lo que significa someterlos el escarnio público y vejación ante sus subalternos.