Recientemente abordamos en este espacio la preocupación de los comerciantes valencianos en relación a la providencia administrativa del SENIAT N° 0141 en la que se establece el denominado “Sistema Centralizado de Facturación Electrónica” y la obligatoriedad de comprar costosísimas nuevas máquinas fiscales con conexión inmediata con la administración tributaria. Lo que inició hace unas semanas con la legítima observación de la Cámara de Comercio de Valencia, se convirtió en un clamor de 50 Cámaras a nivel nacional, la Asociación de Abastos y Mercados y la Federación Farmacéutica quienes han ido tomando conciencia del riesgo de cierre que enfrentarán si dicha medida no es suspendida.
Por Julio Castellanos
La medida implica forzar a cada comercio formal del país (sin importar tamaño, ni lugar, ni rentabilidad) a comprar unas máquinas fiscales cuyo costo supone un gasto en dólares imposible de asumir de forma casi inmediata. Estamos hablando que al actual panorama de ciudades sin gasolina, sin transporte, sin electricidad, sin seguridad, sin agua y sin efectivo se sumará un “sin comercios”. Todos los negocios que usted, amigo lector, usa para adquirir productos y servicios deberán cerrar porque se irán a la quiebra antes de poder comprar esas máquinas. La farmacia, el abasto, la ferretería, la charcutería, ese pequeño negocio que visita a diario, dejará de existir a razón de una medida administrativa del SENIAT inconsulta, impracticable, inviable y perniciosa.
Ningún comerciante ha dicho que no quiere pagar impuestos, al contrario, los comerciantes han sido insistentes en desear mantenerse en la formalidad como garantía de crecimiento y compromiso con el país. De hecho, el SENIAT ha publicado, durante varios años, un récord tras otro en recaudación impositiva, eso no fuese posible sin comercios que pagan sus impuestos, por tanto, es totalmente inoficioso la adquisición de esas máquinas fiscales si lo que demuestra el SENIAT con esos niveles de recaudación es que no necesita esos mecanismos adicionales.
Lo más sensato es proceder a suspender la aplicación de la providencia administrativa N° 0141, efectuar reuniones con los gremios y cámaras empresariales y alcanzar acuerdos reales y efectivos. No se puede hacer política fiscal y tributaria con ceguera o con sordera, si eso ocurre, el resultado se medirá en empresas cerradas y empleos perdidos sin contar el caos urbano que representaría el quiebre de las cadenas de comercialización que aún sobreviven en el país.
El llamado es a José David Cabello, Superintendente Tributario, dele una mano a la sensatez y a la posibilidad de dialogo y concertación. Sea un instrumento para resolver conflictos, piense en las familias que resultarán afectadas. Estamos a tiempo.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica