Hace tiempo escribíamos acá, en LexLatin, acerca del riesgo de los acreedores holdout de Venezuela y de las posibilidades de mirar soluciones tempranas a la ya intempestiva insolvencia que se avecinaba.
El tiempo pasó y el default llegó. De todos los bonos soberanos y de la petrolera estatal PDVSA solo uno, el PDVSA 2020, no lo está. Mientras, el Gobierno de Estados Unidos prohibió a través de diferentes órdenes ejecutivas la posibilidad de una nueva emisión de deuda y margen de obra para la reestructuración. En pocas palabras, limitó las posibilidades de contratación con el régimen de Caracas (Nicolás Maduro).
El problema de la deuda es que se divide en: (i) la deuda financiera de PDVSA; (ii) la deuda soberana venezolana; (iii) aquella resultante de laudos arbitrales internacionales; (iv) proveedores del Estado, sus empresas y todo aquel con una cuenta pendiente por cobrar; (v) la deuda con China y Rusia, que es fundamentalmente producto de unos acuerdos que son servidos con petróleo.
De otra parte, el control de los fondos internacionales, que dependen casi en 90 % de la renta petrolera, en este momento y en los países más importantes del hemisferio es reconocido al presidente encargado Juan Guaidó. Pero el control estratégico de PDVSA no lo tiene todavía, ni de las refinerías, ni de los despachos y el personal, entre otros. Esto es atribuido a Maduro y a los militares que lo acompañan, a excepción de Citgo en los EE.UU. y, más recientemente, la filial de PDVSA en Colombia, Monómeros.
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