El régimen militar, representado por Nicolás Maduro pero limitadamente liderado por él, ha iniciado el desarrollo de “enclaves económicos” que merecen atención pública. Básicamente, los “vivos” dentro del núcleo duro del poder, viendo los riesgos de una eventual separación del gobierno bajo el esquema transicional planteado por la AN, emprenden la privatización de empresas propiedad del Estado pero con “preferencias de compra”. Hoteles propiedad de Venetur, la Red de Abastos Bicentenarios, algunas plantas industriales, construidas con fondos públicos y otras expropiadas, ambas tipologías inoperativas, están pasando a control de compañías privadas sin un proceso transparente atinente a la enajenación de activos públicos.
Por Julio Castellanos
La justificación perfecta es la “guerra económica”, y más recientemente, las “sanciones” pero los beneficiarios no son los trabajadores, la clase obrera, al contrario, quienes empezarán a comerse los frutos de empresas adquiridas a precios de vacas flacas son los “panitas”, los testaferros, a través de sociedades anónimas que ocultarán convenientemente el nombre del General “X” y el Ministro “Y” para convertirlos en decentes empresarios especializados en la “captación de rentas”. Los represores se convertirán, por medio de este desmantelamiento de la propiedad pública, en la “burguesía socialista”. ¿Cómo sabemos esto? Sencillo, si no fuese así, estas escandalosas noticias serían expuestas en cadena de radio y televisión, no obstante, nos enteramos por las protestas opacadas de los funcionarios públicos que en primera fila observan la voracidad de las criptoprivatizaciones.
Tal es el “resuelve” que se está generando para quienes buscan mediante las criptoprivatizaciones un “plan de retiro dorado para la elite de la dictadura” que, incluso, las agallas del Gobernador Rafael Lacava se mostraron groseramente en público al solicitar la privatización de la distribución del servicio de electricidad, para “hacerlo eficiente”, justo después de los apagones generales. Estamos muy grandes para creer en coincidencias y en el ratón Pérez.
Las privatizaciones no son malas per se, lo malo si son las critoprivatizaciones. La diferencia, como hemos tratado de dejar claro, es que una criptoprivatización es la venta de un activo público bajo “preferencias de compra” y pase a precio indeterminado y prácticamente secreto a un “panita” y no a través de una puja transparente sin preferencias como fueron la privatización de la CANTV o SIDOR que resultaron ser buenos ejemplos tanto por su proceso como por sus resultados (empresas productivas y bien gerenciadas hasta sus respectivas reestatizaciones).
Cuestiones similares deben estar ocurriendo en el exterior con activos de PDVSA y del Estado Venezolano en países donde aún no se reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, las criptoprivatizaciones deben generar jugosas ganancias en Euros o Dólares, porque quienes en principio dejaron de aceptar los billetes del nuevo cono monetario fueron los miembros del Alto Mando de la Revolución. Para ellos la consigna es “verdes o nada”.
¿Cómo puede evitarse este fraude a la nación?, en el ámbito internacional cómo lo está haciendo la Asamblea Nacional, designando nuevas autoridades Ad Hoc para preservar los intereses y activos de Venezuela en el exterior del robo descarado por parte de la usurpación. Y dentro del país con la denuncia de los trabajadores y funcionarios públicos como los de Abasto Bicentenario que denunciaron la criptoprivatización. Debemos recordar lo dicho por Raúl Leoni con claridad meridiana “La acción colectiva contra las dictaduras debe ser también complementada con acciones multilaterales que permitan que lo robado por los dictadores y sus colaboradores sea restituido al Estado. El asalto y la usurpación del poder, como está suficientemente demostrado en la historia americana, no tiene otra finalidad que el robo y el enriquecimiento de los usurpadores”
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica