María de los Ángeles advirtió que lloraría. Tiene 6 meses sin poder estar con sus tres hijos y le toca hacer un recuento del porqué. No se le hace fácil enfrentar una realidad en la que jamás se vio.
Raylí Luján || lapatilla.com
Su expareja, hombre cercano a uno de los gobernadores del régimen de Nicolás Maduro decidió llevarse a los tres menores con él, emprendiendo un proceso legal lleno de irregularidades.
La odontóloga, madre de tres niños de 9, 10 y 11 años es acusada de incumplimiento de régimen de convivencia familiar. Desde hace dos años ha estado inmersa en un proceso ante los tribunales de protección.
Fue sometida a una modificación de custodia y el 14 de diciembre de 2018, la juez del caso entregó la custodia total de los niños al padre. Reclama irregularidades y vicios en el proceso y la ilegalidad de quitarle un hijo a una madre por un solo incumplimiento.
“Pueden demostrar que he sido una madre cumplida, mis hijos todos los años se ganan la excelencia académica (…) él mismo lo dice, que como mujer o como esposa quizás no valgo la pena pero que como madre, soy tremenda madre”, señala María de los Ángeles.
Diana está nerviosa por hablar. Las primeras palabras le cuestan, las lágrimas le impiden terminar frases. Su abogado, Andrés Ríos, es quien se permite hacer los señalamientos contra el caso.
La mujer es exesposa de un comandante general de grupo 4 de Casa Militar de la Fuerza Aérea. Tiene 2 años y 2 meses sin ver a su hijo de 11 años. Sabe dónde estudia y cree conocer el lugar donde reside. Aun así no puede acercarse.
El padre del niño se lo llevó un fin de semana de visita y no lo regresó más al hogar materno. Diana ha sido acusada de atentar contra su vida y de complicaciones psiquiátricas. Los tribunales ni siquiera investigaron si las pruebas eran fieles.
“Nunca me imaginé que él haría algo así. Y mucho menos hacerle tanto daño al niño. Le diría que piense en su hijo”, dice.
Sobre Veruzka reposan tres medidas cautelares. Es la única que hasta ahora ha entregado la custodia. No puede salir del país y le da temor acercarse a su hija menor por las acusaciones de trato cruel continuado y maltrato.
La tutora pública que le ha acompañado en las últimas visitas ha reconocido cuánto la extraña su hija de 6 años. Veruzka considera que la venganza del progenitor, ahora relacionado con una directora de regímenes penitenciarios, ha llegado demasiado lejos.
“Siento miedo y temor, porque sé que son personas que no tienen corazón. Ese daño que va más allá de él, es un daño, es un odio, no entiendo por qué”, sostiene.
Angie es la única que no puede declarar a la prensa. Ya ventiló demasiado su caso a través de las redes sociales y eso es imperdonable para su expareja.
Su abogada, Andreina Ibarra Mirabal explica que su representada, además de no poder ver a su hijo de 5 años de edad desde hace tres semanas, en medio de un conflicto que ya suma 8 meses, enfrenta tres medidas de prohibición de divulgación.
“Aquí está pasando algo en el sistema judicial. ¿Qué nombre le ponemos que a ti te lo doy de inmediato y a la madre no? ¿Cómo se le quita el niño a una madre para dárselo a un padre que nunca estuvo? Eso no se entiende”, resalta Ibarra Mirabal.
Estos son apenas cuatro casos de al menos 17 padres, algunos profesionales, amas de casa, emprendedores, figuras públicas, a los que se les ha impedido ser parte de la vida de sus hijos.
La principal similitud entre los expedientes de cada uno de ellos es el retardo procesal, que de acuerdo a las denuncias, es causado por círculos de poder en los que se apoyan los accionantes.
Ellas protagonizaron una protesta el jueves 13 de junio frente a los tribunales de la Lopna (Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente) exigiendo la custodia de sus pequeños. Algunas dicen haber perdido el miedo mientras otras creen que este tipo de acciones podría acarrear nuevas medidas.
Desde entonces, han recibido llamadas de padres en diversas zonas del país que desean sumarse a la causa por atravesar la misma situación.
Las medidas anticipadas aprobadas en 48 horas son a lo que estos padres de niños y adolescentes califican de “medidas exprés”. Denuncian además que jueces titulares del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no han sido designados desde hace años.
La abogada especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, Lores Oliveros, cuestiona la rapidez con la que han actuado los tribunales en estos casos.
“Me causa mucha curiosidad que en el caso de estas madres víctimas del sistema se les ha quitado el niño con un acta de nacimiento y la solicitud de la medida, no es normal que ocurra esto en el circuito”, destaca.
Oliveros denuncia también la presencia del síndrome de alienación parental frente a los tribunales y la falta de diligencia de los jueces.
“El tribunal no puede permitir que un progenitor aparte el niño del otro progenitor, por retardo o por conveniencia de quien”, explica la abogada, quien considera abuso de poder y falta de Estado de derecho en este tipo de situaciones.
“Causarle daño al niño es causarle daño al futuro”.
