Pdvsa y la debacle de la producción petrolera; Agropatria y la inmediata ausencia de insumos para el campo; Guayana y su total paralización industrial. “Este gobierno ha sido incapaz en el manejo de la cosa pública”, aseguró este martes el periodista e investigador, Marcelino Bisbal, quien como estudioso del sector de las comunicaciones dejó claro que justo es en el manejo de este ramo en donde no ha habido tal incapacidad, pues desde 2002 el gobierno desarrolló una estrategia planificada y la construcción de un “nuevo régimen comunicativo” sin precedentes en América Latina. Así lo reseña correodelcaroni.com
Durante su participación en el Foro Venezuela, entre la comunicación autoritaria y la comunicación democrática, en la agenda de actividades por el 20° Aniversario de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB), el director de AB ediciones, el sello editorial de la casa de estudios, identificó seis momentos de este “nuevo régimen” que ha incluido mayor control y regulación de los medios de comunicación, creación de mecanismos jurídicos que han alimentado la intimidación, la censura y la autocensura y el diseño de una amplia plataforma mediática con carácter hegemónico.
El primer momento, indica, lo marca el lenguaje y el tono declarativo que intenta desde 1999 desprestigiar a los medios de comunicación del país. El expresidente Hugo Chávez, precisó Bisbal, tuvo 253 alocuciones en las que el sector de las comunicaciones salió a relucir. “La libertad de expresión, bienvenida sea”, dijo el 23 de mayo de 1999 durante la primera transmisión radial del programa Aló, Presidente, expresión que contrasta con sus incesantes acusaciones contra los medios de comunicación a los que culpó de ser “enemigos de la revolución”.
La alteración del régimen comunicativo, con la intención de crear una plataforma de medios con un nuevo marco legislativo que aupara la “libertad de comunicar” del sector público, determinan el segundo y tercer momento. En este último, se incluye la promulgación de leyes como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otras.
La comunicación y el ejercicio del periodismo en tiempos difíciles engloban el cuarto momento, caracterizado por las limitaciones y las restricciones que se traducen en más de dos mil casos de violación a la libertad de expresión en los últimos siete años. Solo en 2017, detalló, ocho canales de televisión fueron sacados del aire, 54 emisoras de radio cerraron, 17 medios impresos dejaron de circular, 13 sitios web fueron bloqueados y 5 canales internacionales salieron del aire.
El acoso constante que ha sido monitoreado, destacó, por organizaciones como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Provea y Medianálisis, da cuenta de que las comunicaciones son un tema estratégico y “buscan impedir que el flujo crítico salga”.
El territorio de las nuevas tecnologías que ofrece otros lugares para el periodismo, aunque en el caso venezolano de manera “forzada”, abren la puerta al quinto y sexto momento de las comunicaciones en el país. En este punto, indicó el investigador, nacen experiencias periodísticas digitales en un intento por vencer la censura; se da la migración forzada de medios impresos a plataformas digitales y algunos diarios, disminuidos en términos de circulación actualmente, se ajustan al soporte digital.
“Pero esta migración forzada no se dio de manera natural, sino que fue un paso obligado por la emergencia que impuso el contexto y acoso gubernamental”.
Derechos digitales vulnerados
La migración forzada no ha estado libre de obstáculos. Mariengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas de IPYS, resaltó que pese a que internet es la “nueva plaza pública”, como lo caracteriza el catedrático español Manuel Castells, los informes realizados por la organización dan cuenta de severas restricciones y amenazas a la libertad de expresión.
En el Informe Anual de Derechos Digitales 2018, denominado Conexión Incierta, la organización documentó 72 violaciones clasificadas de la siguiente manera: restricciones de acceso a internet (26), ataques (22), restricciones a la expresión (11), bloqueos (8), restricciones normativas (4) y limitaciones a la privacidad (1). En 2017 documentaron 50 casos, de modo que la tendencia es creciente.
Chirinos destacó que las restricciones devienen de un problema multifactorial, en el que inciden fallas y robos de equipos e infraestructura, así como interrupciones eléctricas intempestivas. Precisó que en 2018, la conectividad en Venezuela tuvo un promedio de 1,8 megabit por segundo (mbps), una velocidad de descarga ínfima si se compara con el promedio de la región que se ubica en 5 mbps en la banda ancha fija y 8 mbps en la banda ancha móvil, detalló.
El eje con la velocidad más crítica fue el andino, integrado por los estados Mérida (0,70), Táchira (0,73) y Trujillo (0,87), aunque el estado con menor velocidad de descarga fue Cojedes con 0,69 mbps.
Chirinos manifestó que en 2018 se evidenciaron nuevas formas de censura y sofisticación de los mecanismos de bloqueo en internet. Indicó que el estudio Intercortados sobre bloqueos intermitentes en Venezuela, que monitoreó 53 páginas web durante cuatro días, mostró que solo fue posible acceder a los contenidos en menos de la mitad de las pruebas.
Las mediciones revelan que las telefónicas privadas Digitel y Movistar lideraron la censura digital con 70,7% y 68,7% de bloqueo, respectivamente, por encima de las proveedoras públicas Cantv (45,4%) y Movilnet (41,7%).
Los tres dominios del medio informativo de El Pitazo experimentaron un nivel de bloqueo superior al 90%, seguido de NTN 24 y el canal VPItv, transmitido a través de YouTube. Los bloqueos se concretaron bajo la modalidad de restricción a los servidores DNS (Domain Name System), el más común, pero también por bloqueo de HTTP e IP.
No en vano, Venezuela ocupó la posición 19 y se coló entre los 25 países con más restricciones en el informe de Libertad en la Red 2018 de Freedom House. “Hay señales de que la censura en internet puede crecer más”, expresó Chirinos.
Propuestas para un gobierno de transición
Pero las expectativas en torno al establecimiento de un pronto gobierno de transición ha motivado a los investigadores de las comunicaciones a presentar un conjunto de propuestas al Plan País que el investigador Marcelino Bisbal expuso en la UCAB Guayana.
Son políticas públicas, resaltó, para ser activadas desde los primeros minutos del proceso de transición, dirigidas a la restitución del derecho ciudadano a la comunicación, el acceso a la información pública, la libertad de expresión de medios y periodistas y la instauración de un verdadero servicio público de radio y televisión para el país.
En el momento de la emergencia, que conciben como los primeros 90 minutos del proceso de transición, proponen:
1. Proteger la infraestructura comunicacional, reforzando la seguridad de las instalaciones de los principales medios de comunicación del Estado y la vigilancia de equipos e infraestructuras relacionados con la transmisión de las diversas frecuencias.
2. Garantizar la continuidad de operaciones de los medios del Estado “con la nueva narrativa transicional”. Esto se logra, explicó, activando una red de comunicadores sociales que trabaje de forma anticipada al momento de asumir el poder; y sustituyendo de manera inmediata las jerarquías del Ministerio de Información y Comunicación y órganos adscritos.
3. Restablecer canales de cableras y desbloquear páginas de internet.
Para la etapa de estabilización, que comprende los primeros 90 días, proponen:
1. Restituir derechos sobre frecuencias a medios expropiados y eliminar mecanismos discriminatorios y discrecionales.
2. Redimensionar los medios de comunicación social en manos del Estado.
3. Aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, punto en el que consideran la propuesta de Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia elaborada por Transparencia Venezuela, Espacio Público y la Coalición Pro Acceso.
En la etapa de democratización, que implica toda la transición, plantean modificar el marco jurídico en materia de comunicaciones y estimular la comunicación pro democratización.