Las apariencias ya no importan para el régimen de Nicolás Maduro. Ni que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas esté por emitir un informe sobre su gestión, ni que el mundo entero esté atento a su deslegitimado ejercicio del poder, ni que la Corte Penal Internacional lo esté investigando por la comisión de crímenes de lesa humanidad bajo su mandato. Nada de eso ha impedido que las torturas, las desapariciones y las muertes de disidentes sean noticia cotidiana en Venezuela. Así lo reseña alnavio.com
Por Zenaida Amador
Tal como escribimos en ALnavío la semana pasada, no había concluido la visita al país de Michelle Bachelet -y desde ese momento la tortura y los derechos humanos en el régimen de Maduro están bajo supervisión de la ONU-, cuando ya se reportaban al menos seis desapariciones forzadas de militares retirados a manos de fuerzas de control de Maduro. Simplemente se los llevaron sin dar explicaciones. Sus familiares hicieron llamados desesperados a través de las redes sociales para conocer el paradero de los desaparecidos, pero una vez más la opacidad y el desapego a los principios legales básicos se impusieron.
Días más tarde desde la Fiscalía General de la República se informó que 14 personas, entre civiles y militares, estaban siendo investigadas por su presunta participación en un “intento de golpe de Estado”, en el que además se pretendía asesinar, entre otros, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente).
Los nombres de Eduardo José Báez, Ángel Ortiz, Carlos David Guillén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Cedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, José Gregorio Valladares y Josenars Baduel, entre otros, fueron asociados a los delitos de terrorismo, conspiración, homicidio frustrado, traición a la patria y asociación para delinquir. Tarek William Saab, el fiscal general designado por la ANC, fue el encargado de etiquetarlos como miembros de un “grupo subversivo”.
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