Según el abogado y defensor de los derechos humanos, José Santoyo, en las últimas horas se ha evidenciado cómo con total desfachatez el régimen criminal de Nicolás Maduro controla la justicia en Venezuela.
“Mientras que al diputado Juan Requesens, sin pruebas convincentes, lo acusan de homicidio intencional calificado con alevosía frustrado, lo que significa que actuó a traición, sobre seguro y la pena podría llegar a 30 años de prisión, en el caso del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, los dos funcionarios de la GNB detenidos están acusados por homicidio preterintencional concausal”.
Para el jurista, esto significa que los responsables de la muerte de Acosta Arévalo, el teniente Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate, no tenían la intención matar, sino de ocasionar unas lesiones. Según el Ministerio Público, la muerte del militar depende no de la acción de los acusados, sino de una concausa preexistente o sobrevenida en el cuerpo de la víctima, y la pena podría llegar a los 9 años.
El secretario político en Anzoátegui de Vente Venezuela señaló que aun cuando existen evidencias de que el capitán de corbeta murió por las torturas y el mismo juez que lo vio mandó a la víctima a que fuera atendido en un hospital, la Fiscalía ignoró este hecho y evadió la acusación por torturas.
Santoyo se refirió también al caso del adolescente Rufo Chacón, quien protestaba por falta de gas doméstico y que por impacto de perdigones en la cara, perdió sus dos ojos. Aunque ya fueron detenidos dos funcionarios de la policía del Táchira, la Fiscalía aún no ha precisado la acusación.
“En este caso esperamos que sí se ajuste a los hechos, porque se trata de un homicidio intencional calificado con alevosía. Le dispararon al rostro a quemarropa, lo que ocasionó unas lesiones gravísimas notables en la cara, pérdida permanente de la visión e impacto psicológico en el joven”.
El abogado cuestiónó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que apenas estuvo 3 días en Venezuela y en tan poco tiempo pretendía documentar 20 años de flagrante violación de los derechos humanos.
Nota de prensa