El hallazgo en Madrid el pasado domingo del cadáver de Juan Carlos Márquez Cabrera, jerarca de la petrolera venezolana PDVSA durante la etapa de Hugo Chávez, ha aflorado nebulosas en torno a las circunstancias de su muerte (de las primeras pesquisas se colige un presunto suicidio por ahorcamiento, con su cinturón). A miembros de la investigación abierta en España por uno de los flecos del saqueo perpetrado en PDVSA, el blanqueo de capitales en el que está implicado el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, les resulta extraño lo acontecido. Les choca que alguien que vuela de EE UU a Madrid sabiendo que va a ser detenido en cuanto pise Barajas y que confiesa que sabe “muchas cosas” de PDVSA y de Morodo —e incluso se muestre proclive a tirar de la manta— decida quitarse de en medio apenas 24 horas después de salir del despacho del juez Santiago Pedraz, instructor del caso Morodo. Márquez no dejó ninguna nota de despedida.
Por: José Antonio Hernández | José María Rujo | El País
De 48 años y de origen español, Márquez no era un directivo más de PDVSA. Era el secretario general de Entes Corporativos. Con su firma y el aval del ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez, hoy en paradero desconocido y perseguido por la fiscalía de su país, movió durante el chavismo decenas de millones de dólares de la más importante factoría petrolera de Sudamérica. Y algunos con dudoso destino, como los 4,5 millones que a cambio de ficticias asesorías en Europa contrató con un hijo, Alejo, del exdiplomático socialista Raúl Morodo, catedrático y uno de los gestores del embrión de la Constitución de 1978. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lo mantuvo en el puesto entre 2004 y 2007.
No se sabe qué pasó por la cabeza de Márquez el pasado fin de semana, tras declarar ante el juez Pedraz el viernes 18 de julio. Era un eslabón esencial del caso Morodo. Del juzgado salió al mediodía en libertad con cargos. No podía abandonar España. Su primera declaración ante el juez Santiago Pedraz y la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca fue escueta. Reconoció ser el firmante en nombre de PDVSA, y por delegación de Ramírez, de los lucrativos contratos por importe de 4,5 millones con los que favoreció a la trama Morodo, en cuya cúspide la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) de la policía sitúa al exdiplomático español, quien mantuvo una estrecha relación con el chavismo. También con Ramírez y con Márquez.
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