El debate sobre la necesidad de desarrollar desde el Estado venezolano una batería de programas sociales para mitigar, reducir y combatir los riesgos de la pobreza y la miseria es, lamentablemente, en dos frentes. Por una parte, los socialdemócratas no somos bien vistos por quienes descubrieron ayer su “liberalismo” y se nos pide, a falta de jugadores y exceso de managers de tribuna, que nosotros una vez en el poder borremos del mapa todo lo que huela a “misiones sociales”, “porque son socialistas y el Estado debe ser mínimo”. Por otro lado, el militarismo en el poder desde hace 20 años insiste en poner el acento en la propaganda y desperdicio de recursos en esquemas asistencialistas carcomidos por la ineficiencia, la corrupción, el clientelismo y, su marca de fábrica, la opacidad y la ausencia de controles evaluativos.
Para demoler los argumentos “liberales” basta recordar que para el 2008, en pleno Boom Petrolero, la 2da Encuesta sobre la Pobreza en Venezuela de la ACPES-UCAB (citada por Luís Pedro España en su ensayo “Políticas Sociales para Grupos Vulnerables en Venezuela”) dio cuenta del siguiente preocupante cuadro: 1) Hogares pobres de centros poblados medianos y semi-rurales y hogares pobres extremos de las grandes ciudades: 1.838.770 hogares (32.65%). 2) Jóvenes en situación de riesgo (ni estudian, ni trabajan): 1.268.112. De esta población el 68,1% está en condición de pobreza, 3) Madres sin pareja (independientemente de si son o no jefes de hogar) en condición de pobreza: 551.352, de ellas, 116.217 están en pobreza extrema. 4) Madres adolescentes: 79.710 madres menores de 19 años, de las cuales el 79,1% están en condición de pobreza. 5) Adultos mayores en condición de pobreza: 695.313. Pretender que esas personas encontrarán un bienestar inmediato solo por la mano invisible del mercado en un idílico “Estado mínimo” es un acto de fe propio de dogmáticos y no de quienes están en condiciones de asumir roles de liderazgo en el escenario público.
Hoy no hay información estadística confiable, pero nadie en su sano juicio diría que esos datos del 2008 han mejorado para el 2019. Obviamente, el “sano juicio” no es una características inherente de quienes usurpan el poder en la actualidad. Nicolás Maduro y su tinglado de militares han hecho escuela en la opacidad administrativa y han convertido las misiones sociales desde un esquema público “en riesgo de manejo imprudente de recursos” en una descarada plataforma de delitos contra el tesoro nacional con ramificaciones globales. La piedra angular del desastre actual no es la existencia de programas sociales, que son imprescindibles, sino que estos no sean institucionalizados, transparentes, medibles y auditables. Sin ello, toda “misión” termina siendo un acto clientelar motivado por la captación de respaldo popular antes que por la búsqueda de equidad y la meta de sacar a los pobres de la pobreza.
Una auténtica política social implica crear la normativa legal que impida la discrecionalidad funcionarial para la asignación de beneficios públicos a sectores vulnerables, que describa las condiciones específicas para los potenciales beneficiarios y, además, puedan contar con efectivo acompañamiento para evaluar avances y mediciones de impacto de la acción pública. Deben diseñarse controles adecuados para la no utilización de los servicios públicos y programas sociales para efectos de campañas electorales, ver camiones de basura con logos alusivos a la gestión del gobernador de Carabobo (tremendamente adecuados si me preguntan) debe ser sometido a las sanciones correspondientes por el uso indebido de bienes y recursos públicos.
Un programa social persigue liberar a las personas de las cadenas de la pobreza y la miseria no sustituir esas cadenas por las cadenas del servilismo político y el control social. Hoy en día el “Carnet de la Patria” es un mecanismo de chantaje con respecto al elector por más que los fascistas lo edulcoren con la expresión “una herramienta tecnológica para la gestión pública”. Estos apuntes pueden ser útiles para pisar tierra en este debate, una economía de libre mercado no está en conflicto existencial con un Estado socialmente responsable y que propenda a la justicia social y, por otra parte, no hay que confundir programas sociales con clientelismo político, sino aclaramos términos somos propensos a la manipulación, a tomarse la vacuna, recomiendo encarecidamente revisar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (la Agenda 2030 de la ONU) #LeerNoDuele.