La noche del 17 de agosto del año pasado los venezolanos escuchamos con interés y perplejidad el anuncio presidencial del llamado “plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”. Semejante título nos hizo suponer que el gobierno, ahora sí, presentaría una política económica sistémica para enfrentar la recesión de 5 años, la hiperinflación que llevaba 10 meses, el derrumbe operacional y financiero de PDVSA y la desnutrición y falta de medicamentos que laceraba la vida de los más pobres, niños y ancianos. No fue lo esperado. De nuevo la bucaneria en el manejo de lo económico se hacía presente, un año después el fracaso de ese “programa” lo pone en clara evidencia, a tal punto que ni siquiera los más obsecuentes defensores quieren acordarse de lo que ofrecieron y defendieron aquella noche oscura no por ausencia de luna, por mentirosa.
¿Dónde quedaron las 10 líneas estratégicas de acción que ofrecían un equilibrio fiscal y presupuestario, la defensa del salario y los ingresos anclados a El Petro, un nuevo sistema cambiario que “sepultaría el dólar criminal”, un nuevo sistema de precios y estabilidad de estos con el plan 50, la elevación de la producción nacional y una nueva política de transporte con precio internacional de la gasolina y subsidio directo a los usuarios y transportistas? Al término de la cadena nacional de TV y radio ya sabíamos que al no presentar un programa de estabilización macroeconómica y social y, el de recuperación de PDVSA, la crisis económica no solo no sería contenida, se agravaría. Así lo advertimos públicamente un día después. Una política económica rigurosa responde a los ciudadanos de un país por tres metas: la del crecimiento del producto (PIB), del comportamiento de los precios y del empleo. De ellas, ni una palabra aquella noche.
Ocurre que algunos de los anuncios tenían tal carga rimbombante que permitió a los propagandistas del gobierno y algunos escribientes o desvergonzados mujiquitas, alardear de las supuestas bondades e “innovaciones” del plan económico. Recordemos solo dos de ellos.
El primero: La “criptomoneda” Petro fijaría el valor del trabajo y de los bienes de consumo, así mismo sería responsable de un “anclaje cambiario revaluador”. Ello supondría la permanencia de precios y salarios, es decir, la derrota final de la inflación pero, esencialmente, prometía una estabilidad del tipo de cambio entorno a los 60 bs por dólar. Aquello no era viable porque su fundamentación era una estafa. El Petro no tenía, ni tiene valor, no calificaba, ni califica como criptomoneda. La referencia o sustento a los yacimientos petroleros, hidrocarburos no extraídos, carecía de sentido económico y de mercado. El timo era mayor en lo referido a la política cambiaria ya que un anclaje fija el tipo de cambio con el respaldo de las reservas internacionales, vinculando la moneda nacional a una divisa importante o a una canasta de divisas de los principales socios comerciales y financieros. Esa noche “el anclaje revaluador” al Petro era argucia no era política económica. Un año después, la hiperinflación se acentuó, el salario real perdió más valor que en los últimos cuarenta años y el tipo de cambio, al momento de escribir, va por los 15.000 bs por dólar.
El segundo: Se adelantaría un programa de “déficit fiscal cero”, especie de disciplina férrea en el manejo presupuestario, que según Nicolás Maduro “eliminaría la emisión de dinero no orgánico”. Literalmente le anunciaba a Venezuela que suspenderían la monetización del déficit que venían haciendo escaladamente desde 2014 con el Banco Central de Venezuela. Para ello elevaron el IVA de 12 a 16%, crearon el impuesto a las grandes transacciones financieras y cobrarían los impuestos semanalmente!!!
Ocurre que en la misma cadena se informó del aumento del salario mínimo y de pensiones a 1.800 bolívares para la toda la administración pública, la entrega de un “bono de reconversión económica” de 600 bolívares para 10 millones de personas aproximadamente, y que el gobierno central asumiría el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del sector privado por 3 meses. Recuerdo la voz altisonante que simulaba verdad: “Tengo los recursos”. La verdad es que no los tenía. La sumatoria de aquel esfuerzo fiscal por gasto de nómina alcanzaban los 5.964 millones de dólares. El Banco Central de Venezuela continúo entregando los bolívares electrónicos de la nada a un ritmo desbordante de la razón, solo en 2018 la liquidez monetaria creció en más de 3.000%. Entre 1990 y 2012 el promedio anual fue 22%. Hoy, en 2019, el déficit fiscal no es cero, es 14% del PIB. Una de las raíces del descalabro económico sembrada por el gobierno continua, un manejo del presupuesto de la nación con total impericia y falta de transparencia. Nunca se hizo un anuncio de reducción del gasto burocrático, clientelar e improductivo. No era posible porque la programación financiera para manejo de déficit nunca ha existido.
¿Quién recuerda el censo nacional del parque automotor?, ¿El aumento del precio de la gasolina a precios internacionales? ¿El subsidio a la gasolina pagado a través del carnet de la patria en 8 mil estaciones de servicio? ¿El plan de 50 bienes del nuevo sistema de precios? ¿Quién recuerda los billetes y monedas de baja denominación cuyo cono monetario arrancó hace apenas un año? La asesoría exprés de ecuatorianos, bolivianos y chinos se perdió, no por su culpa. Un ex ministro de economía que vino me confeso algo como “no nos entendían”.
Esta experiencia del fracaso estruendoso de una supuesta política económica ya es objeto de análisis en nuestras escuelas de economía. Seguir sabiendo que con la economía no se juega porque al errar los que más sufren son los más débiles, los trabajadores, los pobres, los enfermos, los ancianos y los niños. Y ellos deberían importar cuando se dirige una nación.