Desde las bases de Alianza Bravo Pueblo, ABP, ejerciendo la contraloría social, Jim Albornoz, abogado y miembro de la Dirección Nacional de la estructura encabezada por Antonio Ledezma, denunció ante la empresa venezolana de telecomunicaciones Cantv, las deficiencias en el servicio de telefonía e internet en el territorio nacional.
Desde allí se consignó oficio al ingeniero Manuel Fernández, donde especifican el robo de cables de fibra óptica, además de presuntos servidores con cobro en dólares, Albornoz aseguró que desde la nacionalización de la empresa en el 2007, los venezolanos se han visto perjudicados, “los pocos que disfrutan del servicio lo hacen de manera intermitente”, dijo.
Agregó que los estados que se ven más afectados son el Zulia, Mérida, Falcón, la Gran Caracas, Miranda, Guatire y Guarenas, reportando más de 35.000 usuarios que pagan del servicio CANTV sin disfrutar en su totalidad del mismo.
“Ninguna empresa del Estado puede privatizarse sin pasar por la única institución legítima en el país, como la Asamblea Nacional, AN, tal como lo puntualiza nuestra Carta Magna”, precisó que los artículos 141, 150 y 187 numerales 03 y 09 de la Constitución dejan muy claro estás especificaciones.
Señalando que para entrar en un espacio de privatización de cualquier empresa en Venezuela, primero debe concretarse el Cese de la Usurpación, pues, “en manos del régimen la primicia es el caos”.
Concluyó indicando que, “los venezolanos son víctimas de un régimen usurpador, ahora presas de las erróneas políticas de Cantv. Venezuela exige internet”.
Nota de prensa