Cuanto más largo sea el tiempo, de los criminales aferrados al poder en la figura del ejecutivo nacional y sus instituciones serviles y corruptas, más estaremos observando situaciones vergonzosas como las que hoy vemos en contra de las universidades. La actitud asumida por Nicolás Maduro y su TSJ, sólo busca crear en el imaginario de sus cortesanos, parásitos y en el de ellos mismos, la idea de que están gobernando y que la sentencia de ese TSJ, al suprimir los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades, es un acto legítimo, pertinente y con un objetivo noble.
En la lista de prioridades de un supuesto gobierno de Nicolás Maduro y todo su equipo de ineptos, no debería ser precisamente el de sacar dentro del sombrero de un hechicero, y por cierto un hechicero bien malo, que las universidades deban renovar sus autoridades con la misma estructura y poder electoral actual, artífices de la usurpación del ejecutivo nacional.
En una de las últimas boqueadas de la estructura criminal en el poder, deberían más bien otorgarles a las universidades el presupuesto necesario para al menos dotarlas de limpiadores y desinfectantes, de manera que los baños de sus facultades, escuelas, bibliotecas, etc, no sean focos de contaminación para sus usuarios; también sería necesario que dotaran a los comedores de los alimentos requeridos para que los valientes estudiantes que le dan vida al recinto universitario, puedan ingerir al menos el 25% de las calorías de una comida o en el mejor de los casos, deberían elevar el sueldo a los profesores universitarios de manera que estos puedan mantenerse ellos mismos y a su familia, y puedan seguir investigando y continuar dando clases a la matrícula actual de estudiantes, que no superará ni el 10% de la que existía hace unos años atrás. Un profesor universitario, un profesor agregado por ejemplo, debería tener un sueldo mayor al de cualquier, no digamos funcionario, sino más bien cretino que andan cargándole las cajas y maletines a los alcaldes del partido llamado “socialista”. También deberían girar los recursos necesarios para mejorar los sueldos de obreros y personal administrativos, a los cuales esa estructura de poder ilegítimo e hipócrita dice que le va a otorgar el derecho a votar en unas elecciones universitarias, para renovar autoridades. La discusión de quién vota o no vota y el resto de mecanismos internos, son materia exclusiva de las universidades y la Ley que las rige, asumiendo por supuesto que estamos en un estado de derecho y que la Constitución Nacional es respetada.
Aún más, en la posición número uno en la lista de prioridades de Nicolás Maduro y sus jerarcas, debería estar irse de una vez por todas o mejor aún entregarse a la justicia internacional para que Venezuela descanse de su tiranía, entonces, solo entonces, pueda florecer la libertad y con ella los centros de desarrollo científico, intelectual y humanista, que por excelencia son las universidades. Esta debió ser la sentencia del TSJ ilegítimo como último acto de sensatez, entregar a los jerarcas del mal a la justicia internacional. Sin embargo, existe una alternativa todavía, y es la acción que debe ser tomada en los próximos días por el TSJ legítimo, donde se dicte la nulidad de la actuación en contra de las Universidades y autorice los mecanismos para la detención de las personas responsables, con nombre y apellido y puestos definitivamente a la orden de un tribunal. Al mismo tiempo, todos los integrantes de las universidades, egresados inclusive, se paren firmes y en contra de tales decisiones de este estado criminal, con el apoyo de la ciudadanía y de las pocas instituciones decentes que quedan en el país.
Parece ser que el régimen escogió mal, muy mal su próximo contrincante; los centros donde gravita el conocimiento universal y el saber humano, sentenciarán su fin.