Costosísimo aprendizaje del siglo, cualquier vicisitud política – por modesta o grave que fuese – solíamos o solemos explicarla desde nuestros inmediatos prejuicios personales, los que muy bien ha trabajado esta ya larga dictadura, con mucho de lo mágico-religioso que, por supuesto, hace de los asuntos públicos casi un anecdotario. Ha sido tal la catástrofe que aún padecemos, imposible de conjurar, que el reto hoy está en volver arrepentidos a la razón.
No hay ni habrá racionalidad, sin el debate que lo demande. Por muchísima habilidad política que se diga tener, la discusión es el puerto inevitable para no aventurarse a la vulgar apuesta que equivale al suicidio.
Por ejemplo, insistimos en el TIAR, en el 187,11 constitucional y en el R2P, incluso, más allá de la perspectiva jurídica y, muchos de quienes se opusieron, tuvieron que aceptar el difícil camino asi fuese por mera formalidad. Empero, todavía se resisten, aunque – en propiedad – lo hacen con su aplicación práctica, reacios a explicar sus posturas Al respecto, la Fracción Parlamentaria 16-J asumió responsablemente su posición y exigió, como todavía exige, explicaciones, porque cada vez se hace más tarde.
Otro tanto ocurrió con el tema universitario, denunciada con persistencia su gravedad, pero es necesario hacer un doble reconocimiento. Por una parte, a la persistencia de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), que no dejó de movilizarse y de realizar sus aportes, siendo el mayor el de una explicación convincente y perfectible de la materia.
Por otra, nos sorprendió o dijimos sorprendernos por la consabida decisión de la Sala Constitucional del tal TSJ en relación a las universidades y, después de tanto tiempo con el problema encima, olvidamos hasta sus propios orígenes, pensando además en una decisión apócrifa, pero tuvimos la fortuna de contar con Manuel Rachadell: un viejo dictamen y sus más recientes comentarios, nos concedió – además – la racionalidad jurídica tan urgida para sentar una posición. Y de esta racionalidad, a nuestro juicio, nos lleva a la otra de carácter político, desde la llamada Responsabilidad de Proteger.