El deterioro de los servicios públicos en Venezuela es dantesco, especialmente en el Zulia. Los criminales racionamientos eléctricos de 10, 12, 14 y hasta más horas al día a los que somos sometidos los zulianos, la prolongada escasez de agua y las interminables colas para surtir gasolina, han obligado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a voltear su mirada a la región y reservarnos un señalamiento aparte. “Los servicios públicos siguen presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el Zulia”, precisó Michelle Bachelet durante la actualización que hiciera del informe de los derechos humanos en el país.
Sin duda, estas declaraciones por parte de la ONU son un espaldarazo a un estado deprimido y a seis millones de zulianos que hemos aguantado estoicamente el castigo que se nos impone desde el poder central. Es un paso importante en nuestros reclamos y una ventana abierta para exigir atención internacional urgente a nuestros problemas, especialmente el eléctrico. Hoy sostengo lo que escribí en mi artículo de la semana pasada: El racionamiento eléctrico que se vive en el Zulia es una forma continuada de tortura física y psicológica, vulnera la dignidad inherente a la persona, además de provocar severos trastornos de salud y emocionales entre la población.
Pero el reconocimiento de la ONU no puede quedarse allí. Debemos seguir manifestándonos por todas las vías posibles para que nuestros reclamos sean escuchados. La nefasta realidad y la legalidad nos amparan. La convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU señala que “se entiende por el término de ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de terceros información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público…”.
A los zulianos se nos discrimina con premeditación y alevosía. Se nos quitan 31 millones de kilovatios al día para alimentar el sistema eléctrico de la Gran Caracas a sabiendas de que sólo podemos sobrevivir a medias con el aporte que nos hace el Guri, una vez que la corrupción chavista por el orden de los 45 millardos de dólares apagó las 46 máquinas instaladas en la región con las que generaríamos 2.462 megavatios diarios para autoabastecernos. Hoy, a duras penas, sólo se generan 50 megavatios al día, elevando a 95% nuestra dependencia con el sistema nacional.
En los hospitales los enfermos mueren en medio de una diálisis, de una operación o porque se apagan los aparatos de los que dependen para vivir. Quien tiene un familiar en condiciones delicadas de salud conoce perfectamente esta realidad que se repite una y otra vez sin que alguna autoridad nacional, regional o local se conduela. Hay una intención clara de infligir daños psicológicos a la población cuando además de mantenerla agotada por el desgaste físico y mental que significa someterla a apagones prolongados con temperaturas de 40 grados, nadie da la cara.
Nada justifica la forma continuada de tortura física y psicológica que vivimos en el Zulia. Nada. No hay guerra económica o sanciones gringas que valgan. La ONU establece que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. Se robaron los reales y a nadie del alto gobierno le importó, así como tampoco les importa el calvario que padecemos todos los días. Pero arriba hay un Dios que mira hacia abajo y una ONU que parece monitorear nuestra realidad más allá de lo que creemos.
Gladys Socorro
Periodista
Twitter: @gladyssocorro