Este viernes fue diferida la audiencia preliminar en la que el funcionario adscrito a la policía de Yaracuy, Juan Muñoz, sería pasado a juicio por haber cometido delitos de lesa humanidad en perjuicio de la periodista Rosa Virginia Garrido.
“Me siento una vez más burlada por parte del sistema de administración de justicia en Venezuela. El acusado no atendió al llamado, y la juez ni siquiera ingresó a la sala. El Ministerio Público acusó al funcionario por haber cometido delitos de lesa humanidad, señalamiento al que manifesté por escrito mi adhesión dentro del lapso establecido por la ley. Ante semejante gravedad y una acusación sustentada en 18 páginas en contra del policía, ¿cómo es que la juez elude su responsabilidad de privarlo de libertad y enviarlo a juicio?”, expresó.
Destacó que los delitos de lesa humanidad no admiten beneficios.
“Estamos frente a prácticas contrarias a lo establecido no solo en la Constitución, sino en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y que se traducen en tácticas dilatorias de procesos penales que implican responsabilidad. La negativa de no llevarlo a la cárcel hace cómplice a la juez de dichos delitos, y le acarrea responsabilidades penales tal como lo denunciaré en las próximas horas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo.
La comunicadora asegura que estas acciones favorecen la impunidad en el estado.
“Evidentemente no hay independencia en el Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy. Un trabajo periodístico publicado en julio demostraba que Yaracuy ocupa el primer lugar con la mayor cantidad de jueces que no posee la titularidad de sus cargos (95.1%), esto sin duda compromete su imparcialidad, y se traduce en mayor impunidad”, indicó.
Nota de prensa