Si algo ha sido perverso en la polarización que se vive en Venezuela es que parece no haber reglas de honor ni respeto al adversario. Los cuerpos de inteligencia venezolanos no tienen parámetros a la hora de lograr sus metas. Se tortura si hay que torturar, se mata si hay que matar, se persigue si es necesario, se amenaza y se atenta contra la familia si eso sirve para los fines. Las víctimas pueden ser tan inocentes como hijos, hermanos, esposos o padres.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Si bien es cierto que algunos de los personajes, objetivo de los cuerpos de inteligencia, hayan incurrido en actos que pudieran catalogarse de delitos, también lo es que no por ello han perdido sus derechos como seres humanos.
En Venezuela ser un dirigente opositor o sencillamente un crítico al gobierno desde cualquier plataforma, incluso chavista, es un delito que puede llegar a la muerte como ocurrió con el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán, el piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Oscar Pérez, Rodolfo Pedro González Martínez alias El Aviador, el concejal apureño Carlos Andrés García, entre otros casos.
También está la tortura, la vejación, la burla, la amenaza. Atacar a cualquier familiar ha sido válido por los cuerpos de Inteligencia, cuando de doblegar al opositor o al detractor se refiere. Veamos algunos de esos casos simbólicos.
Detengan al hijo
El alcalde opositor del municipio Campo Elías, de Mérida, Omar Lares, fue sentenciado a prisión porque habría financiado protestas opositoras, según señalamientos hechos por el Gobierno nacional.
El burgomaestre estaba huyendo cuando unos 200 funcionarios de la Policía Nacional llegaron a su vivienda, el 30 de julio 2017, se llevan detenido a su hijo de 24 años Juan Pedro Lares, quien tiene nacionalidad colombiana como la de su mamá. La intención era presionar a su padre para que se entregara.
Once meses después el alcalde no se había entregado cuando el joven, que no había cometido delito alguno, fue dejado en libertad luego de la evidente violación a sus derechos.
El secuestro como arma
Carlos Eduardo Marrón Colmenares y su esposa Raquel Azpúrua de Marrón, de la revista @gentiuno, vivían desde hacía más de cinco años en Miami. Él, un joven empresario, propietario del portal Dolarpro.com cuyo fuerte era publicar el monto de la divisa según el mercado negro en Venezuela.
En abril del 2018 su padre, Ramón Marrón Moreno, caminaba, como usualmente lo hacía, por la urbanización Valle Arriba de Caracas, cuando unos hombres se bajan de un auto y lo secuestran; eso quedó registrado en un video que después empezó a correr por las redes sociales.
Carlos Marrón recibe una llamada en los Estados Unidos de los supuestos secuestradores, que en realidad serían funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes le dijeron que él debía regresar a Venezuela para gestionar personalmente la liberación de su padre, porque de no hacerlo, lo matarían. El joven, desesperado, se embarca de inmediato en un vuelo hacia Caracas ese 13 de abril 2018; en el aeropuerto de Maiquetía lo esperaba una comisión de la DGCIM, quien lo detiene de inmediato.
La madre del empresario detenido y esposa del secuestrado, Irene Colmenares, denunció lo ocurrido ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien la mantuvo retenida en una de sus sedes por ocho horas.
Poco después, el Fiscal General nombrado por la Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, anunció la detención de Marrón Colmenares, a quien señaló de “terrorista financiero” y dijo que sería presentado ante un juez para imputarlo de los presuntos delitos de difundir información falsa sobre el tipo cambiario, legitimación de capitales y asociación para delinquir previstos en las leyes venezolanas.
Su padre fue dejado en libertad sin que hubiese una sola investigación por ese secuestro. Desde entonces Carlos Marrón permanece detenido en los sótanos de la DGCIM en Boleíta, Caracas, donde a veces lo han mantenido incomunicado y sin visitas familiares por cierto tiempo.
Contra madre y hermana
Rafael Eduardo Isea Romero es un oficial del Ejército venezolano, que participó en la intentona golpista que líderó Hugo Chávez el 4F. Llegó a Gobernador del estado Aragua y un activista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le permitió ser ministro de Finanzas y presidente del Banco del Alba, en este último cargo lo nombró Nicolás Maduro en abril 2013, del cual salió tres meses después, luego que Tareck El Aissami quien era el gobernador de Aragua en ese momento lo señaló de graves casos de corrupción durante su gestión.
Isea Romero huye a Estados Unidos. Él negaba que era testigo protegido de la agencia antidrogas norteamericana (DEA), pero el diario The Wall Street Journal reveló que él era informante de una división élite de la DEA y fiscales federales que adelantaban investigaciones contra funcionarios venezolanos que estarían involucrados en el narcotráfico.
Los funcionarios del Gobierno y del partido de Gobierno hicieron silencio para no develar que Isea había huido a los EEUU. Por fin, el 17 de abril 2015 El Aissami confesó que Hugo Chávez sabía de la corrupción de Isea. “Quería hacer una grave denuncia. En dos años siempre me callé porque el comandante Chávez me dijo cuándo me envió para acá: estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú que eres otro hijo”.
El 23 de mayo 2015 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) allanaron su vivienda en Maracay. “Ordenaron el allanamiento de mi casa como una forma de desahogarse de Tarek El Aissami por las denuncias que han salido en contra de él por el narcotráfico”, reveló Isea en ese momento.
El 19 de junio 2015 el ex gobernador denunció a través de las redes sociales que funcionarios del SEBIN detuvieron a su mamá de 79 años y a su hermana, Rosario Romero de Isea y Raiza Isea, al parecer por orden de El Aissami para obligar a que Isea regresara al país. Un mes después denunció la detención de su cuñada. Isea no regresó y el Gobierno desistió de las acciones contra las mujeres.
Les quitan la casa a sus padres
El 23 de febrero el militar de más alto rango que pasó el puente internacional de Venezuela a Colombia, para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, fue el mayor del Ejército Hugo Parra Martínez.
“Con el corazón de nuestra patria y la ayuda de Dios, que reine en nuestros corazones y que haya paz. Vamos para adelante. Para Venezuela, nuestro país, que nos lo han robado”, dijo el oficial ese día.
La madre del mayor, aquejada por un cáncer de seno, y ante la imposibilidad de conseguir el tratamiento en Venezuela, viajó semanas después a territorio colombiano.
A los días una comisión de la Dgcim allanó la vivienda de los padres del mayor, ubicada en San Cristóbal del estado Táchira, y algunos funcionarios se instalaron en la casa, saquearon los bienes de la familia y después la sellaron y le dijeron a la familia que la vivienda, sin explicación alguna, estaba en manos de los tribunales.
Esa casa no es del militar, es de sus padres que la adquirieron hace 40 años, pero es castigan al matrimonio Parra Martínez, como si la ofensa que el militar le haya podido ocasionar al Gobierno de turno, deban pagarla sus padres.
La hija del coronel
Más recientemente un caso causó impacto en la opinión pública venezolana cuando la joven estudiante de comunicación social Michelle Peñalver López, quien tenía año y medio viviendo fuera del país, fue detenida e incomunicada, solo por ser la hija del coronel (GNB) y juez Ramón Alí Peñalver, detenido por los sucesos del 30 de abril.
Michelle hacía dos meses que había regresado a Venezuela, para la defensa de su tesis de grado en la Universidad de Los Andes. Cuando ya se marchaba y se dispone a sellar su pasaporte en migración de San Antonio del Táchira, le dicen que tiene prohibición de salida del país.
Es detenida por funcionarios de la DGCIM, llevada a una sede de esa Dirección de Inteligencia en San Cristóbal y trasladada en horas de la madrugada a la sede principal en Boleíta Caracas, a 900 kilómetros de la frontera.
La madre de la joven, la periodista Jenny López hace una exhaustiva denuncia a través de los medios de comunicación reclamando la aparición de su hija, quien fue puesta en libertad luego de que su mamá se presentara a la DCGIM Caracas.
Aunque es cierto que Michelle Peñalver es hija del coronel detenido, también es que el oficial apenas si le dio el apellido a la joven y luego de una orden judicial. Casi no han tenido nunca comunicación y mucho menos el oficial se ha ocupado afectiva ni económicamente de su hija. Aun así, la DGCIM consideró que la muchacha era un elemento de presión contra el coronel y juez militar.
Son cientos los casos similares donde familiares terminan siendo las víctimas de las acciones de tribunales y cuerpos de investigación contra enemigos del Gobierno de Nicolás Maduro.
Varios familiares
El 28 de junio 2019, la activista en derechos humanos Tamara Sujú denuncia el secuestro de los padres del ex funcionario Gilberto Rafael Martínez Daza alias Máximo ex funcionario de la Policía Metropolitana de Caracas. Los dos ancianos, Gilberto Rafael Martínez Delgado y Linda de Martínez Daza, de 71 años, fueron secuestrados por funcionarios del SEBIN y de la Fuerza Acciones Especiales (FAES). Ya había ocurrido lo mismo, según denunció el exfuncionario, con “mi exesposa y mi hija de 11 años”.
Poco después la periodista Patricia Poleo entrevistó para desmentir a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, quien dijo que a alias Máximo lo tenían a buen resguardo, es decir detenido por una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro.
A los días, el 30 de julio 2019, detienen a su hermano el también expolicía Luis Martínez Daza, para presionar a la entrega de alias Máximo.
Nos llevamos al hijo
A esa lista hay que agregarle el caso del ingeniero Winston Cabas, presidente de la Asociación de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional de Venezuela, a quien Cabello Rondón pidió investigar después que él profesional alertara sobre la posibilidad de que ocurra un nuevo colapso eléctrico en el país. El ingeniero Cabas había denunciado, a través de una entrevista, que Corpoelec solo produce 6.500 megavatios de los 12.000 que necesita el país.
El ingeniero le contó a la periodista Idania Chirinos: “Me tuve que cortar el bigote, me tuve que pintar el cabello para escapar de las fauces de la dictadura. Tuvimos que armar un alboroto, yo iba en carretera cuando detuvieron a mi hijo menor”.
Al joven abogado Arnaldo José Cabas Sarabia lo detuvieron el 23 de julio 2019, sacándolo de su residencia cuando los funcionarios de Inteligencia llegaron buscando a su papá. Hubo una fuerte presión en la opinión pública que llevaron a la liberación del joven en horas de la noche.
Aunque Diosdado Cabello ha dicho varias veces, entre ellas el 12 de agosto 2019, que reta a que presenten un ejemplo de alguien del chavismo agrediendo o burlándose del hijo de un opositor, la situación es más escabrosa, como lo demuestran los hechos.