La Justicia de Sudáfrica rechazó hoy la petición del expresidente Jacob Zuma (2009-2018) para que se levanten los cargos contra él en una causa por un acuerdo armamentístico supuestamente fraudulento cerrado en los años 90, con lo que el exmandatario tendrá que ir a juicio por corrupción.
La decisión de rechazar definitivamente este recurso fue emitida por el Tribunal Superior de la provincia de KwaZulu-Natal (este), en una sesión este viernes en la localidad de Pietermaritzburg.
La defensa había interpuesto la petición en mayo pasado alegando que las acusaciones tenían motivos políticos, que hubo muchos retrasos hasta dejarlas en firme, lo que dificultaba la defensa, y que, en definitiva, no estaba garantizado un juicio justo.
Los jueces Bhekisisa Jerome Mnguni, Thoba Poyo-Dlwati y Ester Steyn, sin embargo, fallaron en contra del expresidente y, por tanto, Zuma deberá sentarse en el banquillo de los acusados también en Pietermaritzburg el próximo 15 de octubre.
El expresidente no hizo declaraciones al concluir la vista ni se dirigió a los seguidores que, aunque en un número mucho menor que en otras comparecencias suyas ante los tribunales, se reunieron en la zona para demostrar su apoyo.
A Zuma se le imputan dieciséis cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció la decisión de acusar formalmente al expresidente.
Zuma había dimitido un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con la imagen de “presidente del pueblo” que lo había llevado a la jefatura de Estado.
Paralelamente a la causa por el acuerdo de armas, Zuma también es protagonista de otras investigaciones -aún en sus primeras fases- por presunta corrupción.
La más notoria es la conocida como “Captura del Estado”, una presunta trama corrupta que se extendió durante el Gobierno de Zuma y mediante la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar a empresarios afines al expresidente.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada en KwaZulu-Natal.
EFE