Al menos 313 familias de la urbanización Mirávila, municipio Sucre del estado Miranda, denuncian la burla a la que han sido sometidos por parte de las autoridades de Corpomiranda, quienes no quieren entregarles la caja Clap desde el mes de septiembre, alegando una “supuesta inconsistencia” entre el reporte de pago y las familias censadas.
Por Lisbeth Piñeros / lapatilla.com
“Desde el mes de septiembre nos hemos recibido la caja Clap, la cual recibimos puntual desde el año 2016”, denuncia uno de los responsables de edificio de la urbanización, quien detalla que el director político de la parroquia Caucaguita, Deybys Cobos y el constituyentista José Daniel Pérez, están al tanto de la situación e incluso le han demostrado -con la data que manejan- la cantidad de familias que estaban siendo atendidas y que ahora son perjudicadas sin razón alguna.
“Corpomiranda conformó y confirmó la data de las familias que son beneficiadas con el programa Clap en el 2016. Ahora, el 4 de septiembre del año en curso, el concejal Deybys nos da el aviso para consolidar los pagos, los mismos se depositaron y reportaron el día 9 del mismo mes. Pero el aporte era de 308 familias ya que del mes de agosto la comunidad tenía abonado un pago correspondiente a 5 cajas de la jornada anterior”, explicó el responsable.
Sin embargo, Cobos no ha dado respuesta a los representantes de los vecinos de Mirávila hasta la fecha. “El director político Cobos no nos da respuesta del por qué no ha entregado las cajas a la urbanización Mirávila y se escuda en decir que hay inconsistencia entre la data y los depósitos, pero tampoco quiere realizar un censo”, indicó.
Por esta acción arbitraria se ven afectadas de manera directa 1.252 personas de las cuales 136 son niñas y niños entre meses y 11 años, 29 personas con discapacidad, sin contar a las personas que padecen enfermedades crónicas que suman 116 adultos mayores -87 mujeres de 55 años en adelante y 29 hombres de 60 años en adelante- y que no cuentan con otro ingreso aparte de la pensión”.
A continuación, la carta que los responsables de edificios hacen llegar al gobernador Héctor Rodríguez; al alcalde José Vicente Rangel Ávalos, y a Freddy Bernal, por el Estado Mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y a otras autoridades:
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