Los incidentes ocurridos en los últimos días han mostrado la verdadera cara de la crisis -en materia de seguridad y violencia- que actualmente aqueja a México.
Por infobae.com
El 14 de octubre, presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscaron y asesinaron a 13 policías en Michoacán.
Dos días después, un enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado condujo a la muerte de un soldado y catorce presuntos delincuentes en Guerrero.
Luego, el 17 de octubre, las cosas se salieron completamente de control. En Culiacán, ciudad considerada la capital del narco, el ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del ex jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
Sin embargo, la organización reaccionó atacando a soldados con armamento pesado y enviando sicarios a vagar por las calles, sembrando el terror entre la población de la ciudad. A los pocos minutos, varios videos (grabados con celulares) de los tiroteos recorrían Facebook y Twitter, junto con fotos de columnas de humo y vehículos en llamas.
Y es que el operativo no sólo se vio superado en número por los sicarios que acudieron a la defensa de uno de sus líderes, sino que el Cártel de Sinaloa, todavía poderoso en la capital sinaloense y el resto del estado, sitió la urbe y prometió una masacre si Guzmán López, que tenía una orden de extradición a Estados Unidos, donde su padre cumple cadena perpetua, no era liberado.
En respuesta, el gobierno decidió liberar a Ovidio Guzmán y así evitó una confrontación que hubiese resultado en una alta pérdida de vidas.
La situación de violencia e inseguridad, cuyos índices comenzaron a elevarse a partir de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que lanzó el presidente Felipe Calderón (2006-2012), no ha mejorado en los dos últimos sexenios. Ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni López Obrador -en el año que lleva- han cumplido con su promesa de que la situación se resolvería bajo sus mandatos.
Hace apenas unos días, se confirmó que en lo que va de 2019 se han registrado 25,890 homicidios en el país. Las estadísticas muestran que este año es el más violento en la historia desde que se se tiene registro (1997): en promedio ocurren 95 asesinatos al día.
Falko Ernst, analista senior de México para International Crisis Group, respondió tres preguntas que pueden ayudar a comprender mejor por qué México todavía no encuentra una estrategia efectiva para combatir el crimen y la inseguridad en todos sus niveles.
¿Qué significan estos eventos para el conflicto en México?
“Los eventos de Culiacán podrían establecer un precedente muy peligroso.
Hay muchas razones por las cuales el conflicto armado en México se ha vuelto cada vez más letal y difícil de controlar. Pero la principal es la impunidad. Las estadísticas de la última versión de la “Guerra contra el narco” desde finales de 2006 cuentan la historia: aproximadamente 150,000 personas han sido asesinadas, según la mayoría de las fuentes, y más de 40,000 han desaparecido. Pero más del 95 por ciento de estos delitos graves han quedado completamente impunes. No hay disuasión para la violencia severa porque no hay consecuencias. Los eventos en Culiacán amenazan con fortalecer esta lógica perversa, porque lo que los grupos del crimen organizado probablemente percibirán es que pueden chantajear al estado mexicano. Algunos grupos, incluso en regiones donde el conflicto ha sido menos severo, podrían verse tentados a imitar las acciones del Cártel de Sinaloa.”
¿Qué significa este incidente para la política de seguridad del nuevo presidente?
“Culiacán cuestionó el enfoque de seguridad del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones el año pasado y una de sus promesas fue abstenerse de enfrentar el crimen organizado con la fuerza militar letal. Los dos presidentes anteriores confiaron en tal fuerza, y ese enfoque fracasó, profundizó y amplió los conflictos violentos. Las misiones de matar o capturar a cabezas criminales solo provocaron un efecto de hidra de lerna. Pero el estado no siguió adelante con el restablecimiento de su mandato en las regiones más conflictivas del país. En cambio, los fragmentos de los grupos criminales se mantuvieron fuertes, y en algunos lugares llegaron a ser los dominantes.
En reacción a este estado de cosas, y en medio de la frustración generalizada, López Obrador adoptó la postura de “no combatir el fuego con fuego”. Descartó el uso de la fuerza militar para combatir el crimen. Sin embargo, las paradojas de su nuevo enfoque se están volviendo evidentes: López Obrador continúa confiando en las fuerzas armadas para proporcionar seguridad pública, argumentando que la policía es demasiado corrupta para hacer el trabajo. Al mismo tiempo, los grupos criminales están aprovechando la renuncia del gobierno a la fuerza militar para probar cuánto más pueden extender su influencia.
La Guardia Nacional, establecida oficialmente en junio, es el nuevo cuerpo de seguridad creado por AMLO, aunque depende casi exclusivamente de personal y recursos militares. El efecto de su despliegue en varias regiones violentas es hasta ahora difícil de detectar. Sus operaciones siguen limitadas a patrullar calles y permanecer visibles, bajo la rúbrica de la policía no coercitiva. El gobierno dice que no tenía la intención de que el arresto de Guzmán fuera una redada parecida al viejo modelo. Incluso afirmó que la operación fue fallida y mal planificada.
Mientras tanto, no existe una nueva estrategia de seguridad integral para reemplazar los viejos axiomas de la “Guerra contra el narco”. Hasta el momento, ni siquiera existe un compromiso de reformar las fuerzas policiales locales. El presidente no ha tomado medidas para abordar problemas institucionales crónicos, como la falta de supervisión y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.
Abordar los factores socioeconómicos, como lo hace con sus programas sociales, es una parte necesaria de la solución. Pero sin medidas de seguridad a corto plazo que estén orientadas a proteger a los civiles y disuadir la agresión criminal, la estrategia a largo plazo carece de importancia. En los últimos meses, Crisis Group ha hablado con comandantes de cárteles y grupos ilegales más pequeños en Michoacán y Guerrero, quienes claramente declararon sus planes para evaluar hasta dónde pueden llegar.”
¿Qué puede hacer López Obrador?
“Para López Obrador no será fácil sobrepasar esta primera crisis de su presidencia. En términos de política de seguridad, deja a México en una encrucijada. Hasta ahora, AMLO puede sentirse afirmado en su postura de “abrazos, no balazos”, gracias a las continuas altas calificaciones de aprobación. Pero después de los eventos del 17 de octubre, incluso sus partidarios más firmes podrían comenzar a cuestionarse. La reacción violenta que se avecina podría traducirse en una intensa presión sobre la administración para que revise sus políticas de seguridad. La administración podría verse tentada a recurrir a las viejas formas: volver a las operaciones de matar o capturar como una solución rápida. Pero este movimiento haría más daño que bien.
En cambio, López Obrador y su equipo deberían reconocer que su solución socioeconómica actual necesita una adaptación urgente. El objetivo debe ser elaborar una estrategia integral que no abandone este componente a largo plazo, sino que lo combine con métodos a corto plazo para salvaguardar a los más vulnerables y frenar el comportamiento criminal más agresivo, como desplegar fuerzas de seguridad para separar grupos en guerra y prevenir asaltos a poblaciones civiles en lugares extremadamente violentos como las tierras altas de Guerrero. Los abusos asociados con el uso de la fuerza estatal en el pasado fueron severos, pero las autoridades pueden avanzar para frenarlos con estrictos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y así acabar con la colusión militar y policial con el crimen organizado, entre otras formas de corrupción. Los esfuerzos para crear una aplicación efectiva de la ley local también son esenciales. La administración de López Obrador ha puesto en marcha varios esfuerzos destinados a profesionalizar a la policía: mejor capacitación, equipamiento, pago y protección.
Las administraciones anteriores tienen gran parte de la culpa de la condición actual de México. Pero ahora le corresponde a López Obrador sentar las bases para una reconstrucción gradual de las capacidades estatales. Mientras tanto, las medidas de aplicación de la ley a corto plazo son importantes para detener la tendencia hacia un conflicto más amplio y profundo en México. El gobierno mexicano debe continuar con los esfuerzos para abordar el lavado de dinero y el flujo ilegal de armas hacia el país, que ayudan a propagar la violencia criminal. Mientras tanto, Estados Unidos debería asumir su parte de responsabilidad por la crisis, comenzando por reconocer que, al no dejar a México otra opción que actuar como un brazo extendido de control de inmigración, ha obligado a su vecino del sur a canalizar recursos cruciales lejos de la seguridad pública. Es un interés central de la seguridad nacional de los EEUU dejar que México haga lo que necesite con urgencia e invertir todo lo que tenga en una mayor estabilidad.”