El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas por un consorcio controlado por el gobernante Nicolás Maduro y hombres claves de su régimen, quienes contrabandean cientos de millones de dólares del metal precioso y entregan sólo una minúscula porción a las arcas del Estado, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
Por ANTONIO MARIA DELGADO / elnuevoherald.com
El consorcio cuenta con al menos seis plantas de cianuración, el proceso de extracción del oro del mineral. Las plantas son capaces de procesar cerca de 16 toneladas del oro al año, pero también obliga a los pequeños mineros independientes a venderles la producción bajo amenaza de usar la violencia, arrestos o de interrumpir el suministro de combustible, tácticas que podrían aportarles otras 12 toneladas al año, dijeron las fuentes a el Nuevo Herald.
Múltiples testimonios recogidos en la elaboración del este artículo confirman que la operación podría estar generando más de $1,500 millones al año, dependiendo del contenido en oro de las arenas procesadas, en un negocio en el que la familia presidencial emerge como el principal beneficiario.
“Quién está al frente de esa empresa criminal es Maduro”, dijo a el Nuevo Herald Manuel Cristopher Figuera, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo el propio Maduro antes de romper con su régimen a inicios de este año y viajar a Estados Unidos.
“Es algo sin precedentes el saqueo que ha hecho la empresa criminal que administra Maduro al frente del estado. Es algo nunca antes visto”, agregó Cristopher Figuera en una reciente entrevista realizada en Miami.
El Nuevo Herald conversó con militares, funcionarios y trabajadores familiarizados con las operaciones a gran escala de explotación de oro, que junto al narcotráfico, la corrupción y el contrabando de otros minerales sostienen actualmente al régimen.
Al centro de la operación minera se encuentra el Complejo Industrial Domingo Sifontes, que con sus plantas de cianuración en el estado sureño de Bolívar procesa cerca de un 80 por ciento de la producción del país, según datos del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico.
Pero desconocido hasta ahora es el hecho de que el consorcio se queda con más de dos tercios de la producción total, que luego son contrabandeados fuera del país en vez de ser depositado en el Banco Central de Venezuela, como estipula la ley, dijeron las fuentes consultadas.
¿Quiénes son los beneficiarios? Un puñado de figuras claves del régimen que controlan la operación, dijeron militares venezolanos a El Nuevo Herald.
Entre los dueños de las distintas compañías que forman parte del consorcio figuran el vicepresidente Tareck El Aissami; el hijastro de Maduro, Walter Flores; el comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el empresario colombiano Alex Saab. Todos ellos han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos por estar implicados en operaciones de corrupción, narcotráfico o violaciones a los derechos humanos.
La máxima cúpula del régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares de las arcas del estado durante las dos décadas que ha durado la revolución socialista iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, absorbiendo a través de múltiples entramados de corrupción gran parte de la renta petrolera y los fondos obtenidos a través de gigantescos préstamos que fueron contraídos por la nación pero que nunca llegaron a ser gastados en programas sociales y en el desarrollo del país, dijo un militar retirado que habló bajo condición de anonimato.
Pero la explotación de oro les ofreció un nuevo horizonte de oportunidades, ya que fue el propio régimen el que creó sus propias reglas de juego que les permite operar sin ningún tipo de fiscalización.
“Cuando llegaron, encontraron que el petróleo estaba completamente mecanizado, dominado por reglas e instrumentos de fiscalización que tenían que evadir. Eso generaba dificultades para robarse la riqueza y les tomó tiempo meter a su gente y fue después de todo un proceso de preparación que pudieron saquear. Cosa que hicieron hasta llevarla a la quiebra”, dijo una de las fuentes familiarizadas con la situación que habló bajo condición de anonimato.
“Con el oro es distinto, porque el oro no tiene fiscalización. Si el complejo procesa mil kilos de oro, nadie las fiscaliza. Y ellos mismos se reparten el botín”, agregó.
El régimen de Maduro no respondió a solicitudes de entrevista enviadas por correo electrónico.
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