La corte suprema de Brasil reanuda el jueves un explosivo debate que puede conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro prometió durante la campaña electoral que se “pudriría” en la cárcel.
El Supremo Tribunal Federal (STF) debe determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede actualmente, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.
Según organismos judiciales, una modificación de la jurisprudencia podría beneficiar a unos 5.000 condenados, incluidos algunas decenas detenidos en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, entre los que figura el exmandatario (2003-2010).
El líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) y la izquierda local, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero. Fue declarado culpable de beneficiarse de un apartamento en un balneario del litoral de Sao Paulo (sudeste), ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.
El STF, de once magistrados, suspendió las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo. Muchas cábalas prevén que se llegará a un resultado de 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recaerá en el presidente del tribunal, Dias Toffoli.
Según algunas conjeturas, Toffoli podría proponer una vía intermedia: que las condenas se ejecuten solo a partir de la tercera instancia. En ese caso Lula permanecería preso, pues su veredicto fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el eslabón previo al STF (cuarta y última instancia).
Lula se declara inocente de todos los cargos y denuncia una conspiración para sacarlo de competencia en las elecciones de octubre pasado, en las que fue elegido Bolsonaro.
Durante la campaña, Bolsonaro, un excapitán del Ejército, enfervorizó a sus partidarios proclamando: “Lula: vas a pudrirte en la cárcel”.
– Polarización –
La liberación de Lula no lo habilitaría automáticamente para competir en elecciones, dado que la denominada Ley de Ficha Limpia determina que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplida la pena.
El STF podría modificar esa ley o analizar el asunto en una sesión posterior, señalaron fuentes de esa corte.
Lo que parece seguro es que la liberación del exsindicalista abriría un nuevo panorama político.
Según observadores, Lula logró en la cárcel mantener su influencia en el PT y conserva una importante base electoral, sobre todo en el nordeste del país.
Algunos editorialistas afirman que Lula libre exacerbaría la polarización de Brasil, lo cual no sería inicialmente mal visto por Bolsonaro, que alimenta a diario una retórica antiizquierdista.
– Lava Jato golpeada –
Las sospechas sobre las motivaciones de la operación Lava Jato pueden jugar a favor de Lula.
Esas dudas empezaron con la designación del juez Sergio Moro, emblema de esa investigación que descubrió una red de corrupción en Petrobras, como ministro de Justicia de Bolsonaro. Y se acentuaron con las filtraciones del portal The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la operación.
“Una parte de la población cambió de opinión respecto a la Lava Jato y al Ministerio Público. Yo mismo cambié de opinión. Antes pensaba que el MP había hecho generalmente un buen trabajo, pero ahora pienso que no. Hubo una ruptura de la imparcialidad”, afirma Ivar Hartmann, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV Direito Rio).
Hartmann considera no obstante que una modificación de la jurisprudencia favorecería la impunidad de los “crímenes de cuello blanco”.
Los presos de clases más pobres “están en detención preventiva sin haber sido siquiera condenados en primera instancia y representan un 40% de la población carcelaria” de Brasil, explicó.
Por el contrario, los de la categoría más rica (un 0,6% de la población carcelaria), “consiguen en cambio postergar una eventual condena y solo son detenidos al final de la cuarta instancia”, agregó.
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que vela por el buen funcionamiento de las cortes, indicó que hay actualmente 4.895 personas con penas de prisión dictadas tras ser condenadas en segunda instancia. No todas, sin embargo, se beneficiarían de un cambio de jurisprudencia, porque muchas seguirían presas por medida cautelar.
Asimismo, hay 38 condenados en segunda instancia en el marco de la Lava Jato”, según la Fiscalía a cargo de esa operación.
AFP