El régimen de Daniel Ortega volvió “inviable” la democracia en Nicaragua, concluyó el martes la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada para realizar gestiones diplomáticas en búsqueda de una solución pacífica a la crisis en el país centroamericano.
Nicaragua está sumida en una crisis política y social desde las masivas protestas que estallaron en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó cientos de muertos y detenidos y decenas de miles de exiliados a los países vecinos.
“La Comisión entiende que los mecanismos de control y subordinación que el régimen de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”, concluyó la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua.
El grupo, creado en la Asamblea General de la OEA en junio en Medellín y conformado en agosto con representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay, señaló una “alteración del orden constitucional” en el país por las acciones de Ortega.
“La Comisión opina que la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, indicó.
La “crítica situación” en Nicaragua requiere la “urgente atención” de la comunidad internacional, dijo el grupo, señalando que para restablecer la democracia se deben restaurar las “cercenadas libertades civiles y políticas” y hacer reformas institucionales, en primer lugar para poder celebrar “elecciones justas, libres y transparentes”.
La represión de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, que surgieron por una reforma propuesta del sistema de seguridad social pero derivaron en un movimiento para que Ortega abandonara el poder, dejó al menos 328 muertos, 130 detenidos y 88.000 exiliados, según el último reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA.
En su informe publicado el martes, la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua dijo que el régimen de Ortega se negó a reunirse con sus integrantes, a quienes se les prohibió el ingreso.
“No obstante, la Comisión pudo escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas, quienes validaron la información que ya habían proporcionado entidades internacionales independientes sobre la situación en dicho país”, indicó.
Con información de AFP