Un programa con fuerte esencia socialdemócrata en lo relativo a prestaciones públicas y equiparable a los estándares europeos en materia fiscal y económica. El pacto programático para el Gobierno de coalición progresista entre Psoe y Unidas Podemos supondrá un refuerzo del Estado de bienestar durante la próxima legislatura sin acarrear por ello una revolución fiscal ni intervencionista, en línea con los parámetros de las templadas socialdemocracias actuales.
Por IVÁN GIL / El Confidencial
La anunciada creación de una vicepresidencia económica que recaerá en las manos de Nadia Calviño fue uno de los blindajes de Sánchez en materia económica, junto al último punto del preacuerdo que firmó con Iglesias tras las pasadas elecciones: “El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”.
Las renuncias de Unidas Podemos en su política económica son notorias, principalmente en comparación con su programa electoral, pero también han quedado fuera del acuerdo medidas como el impuesto extraordinario a la banca para recuperar los 60.000 millones del rescate o el impuesto de patrimonio del 1% a las grandes fortunas de más de diez millones de euros, que sí se habían incluido en el pacto presupuestario con el PSOE de octubre del pasado año. A pesar de ello, los morados han logrado arrancar en la recta final de las negociaciones una de sus medidas estrella en clave intervencionista a la que los socialistas pusieron reparos desde el inicio de las conversaciones: la regulación del precio del alquiler.
Eso sí, será una competencia autonómica y municipal y las administraciones que deseen poner un techo a las consideradas subidas “abusivas y sostenidas” de las rentas de alquiler en la vivienda habitual solo podrán hacerlo en base a los índices de referencia que determine el Ministerio de Fomento y de forma temporal. Se trata de uno de los compromisos más aplaudidos por la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien previsiblemente será de las primeras regidoras en aplicarlo. Esta ley, cuya iniciativa recaerá en el PSOE al controlar las competencias de Vivienda, no afectará a la mayoría de ayuntamientos, circunscribiéndose básicamente a grandes ciudades como Madrid o Barcelona donde se concentran la mayoría de zonas tensionadas.
En materia fiscal, el programa de Gobierno es prácticamente idéntico al que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en los fallidos presupuestos de 2018, al igual que en lo relativo al mercado laboral, aunque la cartera de Trabajo vaya ahora recaer en manos de Unidas Podemos. Así, la subida de impuestos nace descafeinada limitándose a las rentas muy altas, aunque desde Unidas Podemos ven margen para ir ampliándolo: se creará un nuevo tramo del IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros anuales que verán aumentado su tipo marginal en dos puntos y un segundo tramo para rentas laborales de más de 300.000 euros a las que se aplicará una subida de cuatro puntos. Para las rentas de capital se creará un nuevo tramo para ingresos superiores a 140.000 euros con un incremento de cuatro puntos. El impuesto de patrimonio no se menciona en el acuerdo, limitándose a mostrar la voluntad de “estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.
Los socialistas renuncian por su parte a implantar la mochila austríaca que defendió Calviño en el último plan presupuestario enviado a Bruselas y dejarán un mayor margen a Trabajo para derogar la reforma laboral, no íntegramente como demandaban los morados pero sí los aspectos considerados más lesivos, según reclamaban los sindicatos. No habrá un decreto derogatorio, sino una nueva legislación que sustituya a la anterior. En este sentido se prohibirá el despido por absentismo justificado y se recuperará la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa. En materia de contratación se mantiene también el acuerdo para reducir los contratos temporales, reforzando el principio de causalidad, así como limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. El Salario Mínimo Interprofesional se aumentará para que al final de la legislatura equivalga al 60% del salario medio.
La creación de una empresa pública de energía, que Podemos vendió durante la campaña como una de sus medidas estrella para contribuir a reducir el precio de la factura de la luz, se queda también fuera del acuerdo. Sí se establecen reformas en el mercado para acabar con la sobrerretribución, conocida como “beneficios caídos del cielo”, que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías, principalmente la hidráulica, al considerar que han recuperado sobradamente sus costes de inversión. Otra de las principales medidas pasa por reducir de la parte fija de la factura para así abaratarla.
Las grandes novedades y transformaciones del documento del 49 páginas presentado este lunes se ciernen en lo referente a derechos sociales y servicios públicos. Entre ellas destacan el desarrollo de un ingreso mínimo vital, la gratuidad de libros de texto, la eliminación progresiva de los copagos, la introducción de la atención a la salud bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la derogación de la conocida como ‘ley mordaza’ -se aprobará una nueva Ley de seguridad ciudadana-, la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, la garantía de que el consentimiento de la mujer es clave en el caso de las agresiones sexuales -“solo sí es sí”, la regulación de la eutanasia, el fin a la LOMCE, la asignatura de Religión voluntaria y no evaluable, el aumento de recursos para atender el sistema de dependencia o la regulación de los juegos de azar para frenar y prevenir la ludopatía.
El acuerdo se compromete a dar respuesta a otras problemáticas como el de la España vaciada, impulsando una estrategia frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven, o la regeneración democrática, introduciendo mecanismo, por ejemplo, para limitar los aforamientos y que precisaría de una reforma constitucional. La Ley de Memoria Histórica también se reformará para declarar nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos dictadas durante la Guerra Civil o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual. Asimismo se declarará el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas del franquismo y el 8 de mayo como el de reconocimiento a los que padecieron el exilio, se implantará un programa de exhumaciones de los cadáveres de los represaliados por la dictadura que aún yacen en fosas comunes y se auditarán los bienes expoliados por el régimen para “devolverlos a sus legítimos titulares” y se instará a la recuperación “inmediata” del Pazo de Meirás.