Este 2020 no sólo es un año electoral, sino que el régimen pretende consolidar su hegemonía de poder de manos del TSJ y el CNE. Tras seis años de atropellos a los partidos políticos y con ello debilitar el voto como instrumento de cambio; Maduro estructura un nuevo ecosistema de organizaciones políticas que aparentemente lo adversan, pero en el fondo son complacientes ante la permanencia del statu quo.
Por Eugenio G. Martínez / lagranaldea.com
El chavismo avanza en la estrategia de crear un ecosistema de partidos -y de liderazgos políticos- al que pueda imponerle las condiciones de las elecciones parlamentarias, que constitucionalmente están previstas para el 2020.
La estrategia comenzó hace seis años cuando se intentó conducir a Venezuela hacia un sistema de partido hegemónico, en donde, a pesar de un número importante de organizaciones políticas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siempre mantendrá no sólo la primera opción de triunfo en los comicios, sino una influencia determinante sobre las decisiones del Gobierno.
Este nuevo ecosistema se nutre de organizaciones políticas que, en teoría, adversan a la Revolución Bolivariana, pero cuyos integrantes no muestran interés por disputar el poder a Nicolás Maduro, ni en conseguir condiciones político-electorales que permitan garantizar la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Previo a las elecciones presidenciales de 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención judicial de las directivas de las organizaciones Podemos y Patria Para Todos (PPT).
Aunque las directivas originales de estos partidos formaban parte del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski, a raíz de la imposición de nuevos directivos las organizaciones cambiaron significativamente sus respaldos políticos para terminar apoyando a Nicolás Maduro.
Por otra parte, como punto importante de la estrategia para garantizar un ecosistema de partidos que contribuya a la legitimidad de los procesos políticos y electorales adelantados por el chavismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción de organizaciones representantes del chavismo disidente: Marea Socialista y la Unión Nacional Organizada. Ese año también negó la inscripción de Vente Venezuela (dirigida por María Corina Machado).
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