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Tarek William Saab, fiscal del régimen de Nicolás Maduro, develó trama de corrupción relacionado con el Banco Central de Venezuela (BCV).
lapatilla.com
“La investigación penal inició el 10 de diciembre, tras la denuncia del presidente del BCV, Calixto Ortega, referida a pagos realizados a: Corporación Líder Plus 080, Corporación Arealíder y Textiles Siempre Líder, sin haber sido contratadas por el BCV”.
“La investigación interna determinó que José Rubén Albornoz Pirela, jefe del Departamento de Pagos y Tributos del BCV, fue quien realizó la entrega material de dicha solicitud”.
“Se determinó que este funcionario, en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido y lograron el pago a las empresas involucradas”.
“Estos bienes, además del sobreprecio que presentaban, nunca fueron entregados, pues se trató de compras simuladas”.
“Los pagos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el Manual de Normas y Procedimientos para Gestionar Pagos Administrativos del BCV”.
“No se realizó el expediente de procura debidamente elaborado por el Departamento de Compras y Suministros”.
“Las 3 empresas involucradas recibieron 7 pagos, tramitados con expedientes forjados, por un monto total a 1 millón 700 mil dólares, aproximadamente”.
“Por estos hechos, fueron solicitadas 8 órdenes de aprehensión contra Naim Saade, representante legal de las corporaciones Líder Plus 080 y Textiles Siempre Líder y Eneida Ottamendi, representante legal de Corporación Líder Plus 080”.
“También contra José Antonio Saade, representante legal de la empresa Textiles Siempre Líder, Sabrina Musso Navas y Antonio Jaén Núñez representantes de la Corporación Arealíder”.
“Así como contra 3 funcionarios del BCV: José Albornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos; José Alberto Hidalgo, asistente Administrativo y Robín Sanabria, analista, ambos del Departamento de Compras y Suministros”.
“Se les imputan los delitos de lucro ilegal en acto de la administración pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.